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El abogado de cinco imputados por la Línea 12 , entre ellos Enrique Horcasitas , exdirector del proyecto Metro, Gabriel Regino, dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) deberá responder a la demanda de amparo y al juez federal sobre la existencia del acuerdo reparatorio con Grupo Carso y de a conocer por qué lo mantiene oculto.
Adelantó que continúan con la revisión de la carpeta de investigación y que en ella encontraron un conflicto entre peritos de la FGJ y los de la empresa DNV.
En entrevistas con EL UNIVERSAL , el abogado explicó que es inconstitucional que la FGJ haya argumentado que es confidencial dicho acuerdo y más cuando hay un proceso penal abierto.
“Es en contra de la Constitución que un acuerdo lo quieran mantener en lo oscurito y en un proceso a nosotros nos quieran, como en la inquisición, quemar como si fuéramos brujos. Lo que queremos con este amparo es que salga a la luz, que haya transparencia, queremos saber qué pasó con Carso y las víctimas”, señaló el doctor Gabriel Regino.
Y es que en la demanda de amparo 1076/2021 que fue aceptada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo Penal, la defensa de los ex funcionarios argumentó una persecución política por parte de la FGJ y que el Juez federal debía intervenir para que la institución capitalina dé a conocer el acuerdo reparatorio.
La Fiscalía capitalina tendrá 8 días hábiles para responder a la demanda de amparo.
Gabriel Regino estimó que si el repunte en los contagios por la pandemia por Covid-19 persiste hasta el 15 de enero, los procesos judiciales volverán a retrasarse, aunque confió que para la audiencia del 7 de marzo este amparo se haya resuelto.
“A la fiscalía capitalina no le asiste razón, quiere manipular políticamente un proceso penal y se va a ir tropezando y nosotros vamos a agotar todas las instancias legales, incluida el amparo para conocer la verdad”, dijo a este medio.
Señalan anomalías
El abogado Gabriel Regino señaló que existen anomalías en la carpeta de investigación la cual siguen analizando, y que en ella encontraron cómo quedó asentado un conflicto entre los peritos de la FGJ y los de la empresa noruega DNV, encargados del peritaje de la Línea 12.
En dicho documento, se refiere que los encargados de estar en los laboratorios eran únicamente los peritos de DNV y que los de fiscalía no podían intervenir, cosa que no sucedió.
“La fiscalía capitalina actuó con una presión política excesiva que la llevó a tratar de enderezar la Invea exclusivamente a la falta de pernos y a que la fatiga por distorsión era por un mal diseño (de la Línea 12 )”.
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