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A cinco días de que concluya la actual administración, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México acordó exigir a la Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor la entrega de información completa sobre los ingresos de las tres autopistas urbanas y una explicación real sobre a qué se asignaron los recursos obtenidos por esta recaudación.
Los congresistas también demandaron los títulos de concesión firmados entre el Gobierno capitalino y las concesionarias.
Este acuerdo se da luego de que EL UNIVERSAL publicara en su edición impresa de octubre que el Gobierno capitalino sólo percibe 1% de los ingresos que arroja el pago por estas vías concesionadas.
Se dejó claro que no podía haber contratos tan “leoninos”, donde las tarifas aumenten sin saber bajo qué autorización.
La propuesta fue impulsada por la presidente de la Comisión de Hacienda y vicecoordinadora de la bancada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, que fue avalada por los diputados locales.
Consideraron imprescindible contar con toda la documentación —antes de que se vayan los titulares de estas dependencias— de los informes de los resultados de cada una de las auditorías realizadas por despachos externos a las concesionarias, relativas a la Autopista Urbana Norte, Supervía Poniente y Autopista Urbana Sur.
Con anterioridad, el ex secretario de Obras y hoy diputado Fernando Aboitz, responsable de la construcción de las autopistas urbanas de cobro, consideró poco viable echar abajo los contratos de los segundos pisos.
