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Toluca, Méx.— El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad modificar el Código Penal y leyes estatales para imponer hasta 16 años de prisión y 800 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalente a 90 mil 515 pesos, a quien haga uso de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio para concertar un encuentro o acercamiento físico con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material audiovisual con contenido explícito.
La iniciativa impulsada por el diputado Carlos Martínez Zurita Trejo, establece que habrá penas de hasta ocho años de prisión y una multa de 45 mil 256 pesos (400 UMAs) para quien cometa este delito contra cualquier persona, pero puntualiza que las sanciones se elevarán al doble si el delito se comete contra menores de edad, personas que requieran apoyos para comprender el significado de los hechos, o contra quien demande apoyos extraordinarios.
Además de las penas, la propuesta fortalece las atribuciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal para proteger a este sector; se integran medidas para la protección inmediata de víctimas menores en coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia, con un enfoque integral, sin discriminación y sin revictimización.
Atención de instituciones
También se obliga a las instituciones de salud a dar atención prioritaria e inmediata a las infancias víctimas de violencia, con la obligación avisar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para la activación de medidas urgentes.
Y se fortalece la atención sicosocial, jurídica y médica de las instancias estatales correspondientes para la restitución integral de derechos y la reparación del daño.
Estas adecuaciones al Código Penal, a la Ley de Víctimas, al Código Administrativo y, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México buscan ser herramientas que inhiban, hagan frente y erradiquen cualquier tipo de violencia en contra de los menores, y garanticen con mayor eficacia la protección de sus derechos, ello en respuesta a los altos índices de violencia sexual y abusos del que son víctimas.
