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La Jefatura de Gobierno publicó este miércoles en una edición BIS de la Gaceta Oficial las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica que imponen arresto inconmutable, de 24 a 36 horas, a franeleros, medida que entrará en vigor en 30 días naturales, es decir, a finales de septiembre.
Este decreto detalla que son infracciones especiales contra la seguridad ciudadana: apartar, con cualquier objeto, lugares de estacionamiento en la vía y espacio público; obstaculizar o impedir de cualquier manera el uso y goce de la vía y espacio público para estacionarse; exigir de cualquier manera a una persona la obtención de un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos, y aprovecharse indebidamente de la vía y el espacio público para obtener un beneficio.
Estas conductas se castigarán con arresto de 24 a 36 horas. El juez impondrá la sanción máxima de 36 horas cuando los franeleros exijan dinero para cuidar o permitir estacionar un vehículo.
En los artículos transitorios se detalla que estas modificaciones entrarán en vigor a los 30 días naturales, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
Además, se estipula que el Gobierno capitalino, a través de las secretarías del Trabajo y Desarrollo Económico, pondrán a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos.
Esta iniciativa fue promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y aprobada por el Congreso local el 15 de agosto, en un periodo extraordinario de sesiones.
El pasado 17 de junio, cuando la mandataria presentó la iniciativa, aseguró que el objetivo es “atender este fenómeno que afecta directamente la vida cotidiana de miles de personas en la Ciudad de México, y nos referimos al uso indebido del espacio público por parte de quienes ejercen apartados de lugares en la vía pública”.
Apuntó que algunas personas que se dedican a esta actividad enfrentan condiciones de desigualdad o falta de acceso a empleos, por lo que se buscará brindarles alternativas.
“Cuando se enfrente a situaciones que, como sabemos, se cometen de manera irregular, estamos aumentando la sanción a la Ley de Cultura Cívica. Si pasan la raya y cometen un delito como golpes, amenaza, robo, entonces ya no es una infracción cívica, sino que se trata de un delito y por lo tanto tendrán que ser sancionados en la fiscalía”, afirmó.
En la iniciativa se dio a conocer un semáforo para calificar el grado de riesgo que implica la labor de los llamados viene-viene.
En riesgo bajo o color verde se ubica a aquellas personas que reciben un propina como pago por su labor; en amarillo o riesgo medio, quienes establecen una tarifa por estacionarse, y en rojo o riesgo alto, quienes amenazan o extorsionan a los automovilistas por ocupar el espacio público.
Durante la aprobación de la iniciativa en el Congreso capitalino, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, expuso que este dictamen tiene como finalidad regular el uso del espacio público, para que no sea sujeto de algún tipo de violencia o uso indebido por parte de las personas.
Añadió que se impulsarán políticas públicas para las familias que dependen de esta actividad, con la creación de alternativas de empleo y de autoempleo.
