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Toluca, Méx.— Consejeras del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) coincidieron en la necesidad de realizar una reforma electoral que impacte en el proceso comicial de 2027, año en el que se elegirán legisladores, integrantes de ayuntamientos y personas juzgadoras, para tener tiempo suficiente para organizar la elección.
“En el caso del Estado de México el tiempo es una de las cosas más importantes ante la dimensión de la lista nominal, (…) con esta elección entendimos que hay una lógica distinta y que el ciudadano necesita más tiempo para involucrarse”, señaló la consejera July Armenta.
Mientras que la consejera Paula Melgarejo Salgado recordó que recientemente hubo una reforma en lo local que acortó el tiempo para la preparación de las elecciones, pasando de iniciar los procesos en septiembre del año anterior a la elección a enero del mismo año de los comicios, lo que implicó el recorte de cuatro meses.
“Nos quitaron cuatro meses fundamentales, la sugerencia es que nos regresen al plazo que teníamos hasta hace dos procesos”, dijo.
Agregó que otra de las modificaciones que deben ser analizadas es el ampliar el plazo de registro de candidaturas, puesto que sólo se les otorgan cinco días, lo que resulta insuficiente para registrar a miles de candidatos y candidatas.
“Se deben hacer análisis, diagnósticos y reflexiones, porque la necesidad de la reforma electoral a nivel nacional no sólo tiene que ver con el Poder Judicial, sino con la revisión de todos los procesos que se tienen contemplados y hay mucho por actualizar”, indicó la consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya.
La reforma electoral, dijo, no sólo debe surgir de lo federal a lo local, sino debe ser trabajada junto con los órganos públicos locales electorales (OPLES) para eficientar su labor rumbo a 2027, en donde pudiera haber más de 100 millones de boletas en la entidad. Y es que de efectuarse a la par la elección ordinaria y la judicial, implicaría al IEEM y al INE la contratación de más personal, duplicar la impresión de material y documentación electoral, aumentar la carga administrativa y la operatividad, y diseñar mecanismos para que en algunos procesos intervengan partidos políticos y en otros sólo las consejerías.
