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La orden de aprehensión que existe contra el exsecretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores, fue solicitada por la fiscalía capitalina en medio de la contingencia sanitaria y cuando el Poder Judicial local estaba sin operaciones, acusaron fuentes cercanas al exfuncionario.
Consultadas por EL UNIVERSAL, precisaron que la defensa legal del también extitular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) durante la administración pasada, se acercó ante la fiscalía capitalina para que Collins Flores rindiera su declaración por las acusaciones en su contra; sin embargo, no se les dio una cita.
Ayer se dio a conocer la liberación de una segunda orden de aprehensión contra el exfuncionario, luego de que un juez de la Unidad Judicial 12 la otorgara a la Fiscalía General de Justicia.
La petición fue realizada por la dependencia al juez Centésimo Décimo Tercero del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12, quien libró la orden de captura contra Collins Flores el pasado 21 de marzo.
El exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Mancera es imputado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, que se sanciona con una pena máxima de entre tres meses y dos años de prisión, así como una multa de 500 a mil días de salario mínimo.
Al respecto, las fuentes consultadas por esta casa editorial refirieron que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la fiscalía local, está realizando una persecución en su contra por una “venganza personal”, ya que no encontraron pruebas sobre el presunto desvío de recursos en su administración en el Invi, por lo que ahora buscan que sea detenido por un tema administrativo no grave.
