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Acambay, Méx.
En Acambay el sabotaje del ducto Tula-Toluca, que viene de Hidalgo y llega a la terminal de abastecimiento en la capital mexiquense, es un secreto a voces del que sus habitantes buscan deslindarse y al que muchos le tienen miedo. La ubicación de las tomas ilegales las conocen desde el policía municipal hasta el campesino y los regidores; no hay nada clandestino, excepto el rostro de los responsables de este delito.
No es una actividad reciente, las autoridades municipales coinciden que es una práctica por lo menos de hace tres años, que en el último mes “ya de plano es a plena luz del día”, dijo el regidor morenista Francisco Ángeles.
Esta demarcación tomó relevancia hace un par de semanas, cuando un video en redes sociales mostró cómo llegaron cientos de personas a extraer hidrocarburo de una toma clandestina al pie de la carretera con botes y bidones, en la comunidad de Detiña, a unos metros del Arco Norte.
La mayoría de los habitantes son de ascendencia otomí, es un municipio considerado como el segundo bastión priísta de la entidad, el primero es su vecino Atlacomulco, y es la primera vez que lo gobierna un partido diferente al PRI, en enero inició la administración de la maestra morenista Esperanza González.
La gente en este municipio asegura que el robo de gasolina pone en peligro a sus familias y su patrimonio, pero casi nadie denuncia el ilícito ante la autoridad y lo que saben sobre los puntos de huachicoleo, dicen, por miedo a represalias.
Los habitantes niegan ser vendedores o compradores del combustible, se dicen simples “víctimas” de este delito; aseguran que es cometido por bandas de otros estados que se llevan el carburante a Hidalgo o a Toluca, quienes no los han amenazado, pero les temen por igual.
Sin embargo, las autoridades locales difieren, mientras el regidor morenista Francisco Ángeles González apoyó a la población en su dicho y los exime de responsabilidad en el sabotaje del ducto e incluso acusó que este delito derivó en el desplazamiento de los habitantes de comunidades como El Ermitaño, Detiña, Pueblo Nuevo, La Soledad y la franja hasta La Laguna, el regidor del PRI, Miguel Ángel Navarrete González, atribuyó a por lo menos cuatro comunidades el almacenamiento y venta del combustible robado.
En los ejidos, los vecinos se dijeron asustados después de la explosión en Hidalgo, porque aún con la presencia de militares y federales acordonando los ductos, indican que hay tomas abiertas por donde escurre el hidrocarburo. Afirman que no les ha quedado más que convivir con el olor a combustible y el temor de que al encender el trascabo, estallen.
Por ejemplo, es así para uno de los trabajadores del Rancho de San Antonio Detiña, un hombre de 74 años, con cinco hijos, que gana 120 pesos diarios por el cuidado del campo y el ganado del patrón, a quien se refiere como un hombre “honesto”, pero que, admitió, nunca ha denunciado cuando por la madrugada entre sus milpas llegan los huachicoleros para perforar el ducto que atraviesa su tierra y donde ya hubo explosiones de camionetas.
Las personas decidieron hacer como que no pasa nada, afirman que no quieren problemas con esa gente. “Prefiero persignarme cada mañana y subirme al tractor con la esperanza de que el derrame de combustible no sea causa de mi muerte”, dijo el campesino Nicodemo González Correa.
Lo cierto es que en caso de un derrame, no habrá quien auxilie a los habitantes, coincidieron autoridades municipales, porque el personal no está capacitado para reaccionar ante una tragedia, ni siquiera son suficientes elementos de Protección Civil para cubrir las necesidades de la localidad, dicen.
Por el momento, hay presencia de la policía militar, estatal y federal para detener el sabotaje del ducto, que atraviesa 30 kilómetros de comunidades como El Ermitaño, Detiña, Dongú, San Antonio Detiña, La Mesa de San Miguel Huamango, Rancho La Esperanza, La Laguna y El Medrano, comentó uno de los soldados destacado en Detiña.
A decir de Navarrete González, el huachicoleo se convirtió en una costumbre para ganar unos pesos, “muchos decidieron tomarlo como un trabajo en lugar del campo u otros oficios”.
Augura que lo ocurrido en Tlahuelilpan no detendrá a la gente y, afirmó “si vuelven a abrir una toma, se van a acercar 10 o 20 veces más personas que la última vez, quizá tenga temor el que trabaja junto al derrame, en el campo, pero aunque les dijeran que se murieron 100 personas, volverían a ir para llevarse la gasolina”.
Es pobre 73% de la gente
Acambay se localiza en la zona noreste del territorio mexiquense, ahí habitan 60 mil personas, la mayoría son hombres y la tercera parte de la población son niños menores de 14 años, quienes se dedican al campo o la crianza de ganado, según datos del Inegi.
Está ubicado entre los 10 primeros municipios con mayor rezago social del territorio mexiquense y, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal, más de 73.5% de la población se encuentra en situación de pobreza, de ese total, 19.8% corresponde a pobreza extrema con estimaciones realizadas en 2015.
De la gente de 15 años y más, 48% tiene educación básica incompleta, según el Inegi; por tanto, quienes desean estudiar una licenciatura se van a Querétaro, en menor porcentaje optan por Toluca o la Ciudad de México, explicó Navarrete González, aunque admitió que es un municipio expulsor de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá.
En esta localidad hay cerca de 20 instituciones, apenas dos del nivel medio superior y una Escuela de Artes y Oficios estatal, pero a decir de los ediles, la mayoría deja los estudios para formar familias desde muy temprana edad.
