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david.fuentes@eluniversal.com.mx
El homicidio del empresario Armando Becerril en calles de la zona Centro, la semana pasada, reavivó una investigación que la procuraduría capitalina inició en 2017, sobre la presunta participación de empresarios restauranteros y propietarios de edificios en renta en el primer cuadro de la Ciudad; en esa fecha, comerciantes informales denunciaron que por lo menos cinco de ellos patrocinaban al crimen organizado.
Lo anterior, aparentemente, permitió la formación del grupo delictivo conocido como La Anti-Unión, organización a la que se presume apoyaron para la adquisición de armamento y pagando a los sicarios que los defendían.
En un principio lo que buscaban estos comerciantes era librarse de los extorsionadores de Roberto Mollado Esparza, El Betito, quienes le exigían a los locales un derecho de piso de hasta 5 mil pesos por cada uno.
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Luego de pagar mes por mes, durante año y medio a partir de 2016, ante el temor que los ejecutaran, los empresarios que tienen negocios sobre el Eje Central, las calles Madero, Bolivar, República de Uruguay, Cuba y Colombia, así como en los mercados Merced, Sonora y hasta la Viga, decidieron invertir el dinero que pagaban en extorsión para formar un frente integrado por gatilleros reclutados en el barrio bravo.
La idea inicial era que este grupo los defendieran de los de La Unión Tepito; fue entonces que surgió el grupo de Jorge Flores Concha, El Tortas.
Así lo establece la carpeta de investigación FCUAH/CUAH-1/UI-3 S/D/00451/02-2017, junto con los anexos integrados en el folio 2017/2512, como parte de ese trabajo realizaron entrevistas con locatarios, comerciantes establecidos y semifijos en el Centro.
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Luego de las ejecuciones recientes de empresarios que han puesto resistencia a La Unión, las autoridades buscan establecer si esos homicidios son una venganza ordenada por El Betito desde el Reclusorio Oriente o es un ajuste de cuentas de parte de El Tortas contra quienes en un principio lo ayudaron a fundar su organización criminal, catalogada por las autoridades locales como la principal generadora de violencia aquí.
