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Toluca, Méx.— En el Estado de México la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad cuentan con un avance de 11 mil registros entre voces y números telefónicos relacionados con delitos de extorsión, la meta es llegar a 30 mil a finales de año, además de proponer que se lleve a cabo un registro nacional, indicó la jefa de la policía estatal, Maribel Cervantes.
En entrevista, tras reunirse con integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales, indicó que la información obtenida la van a compartir con la Ciudad de México, entidad con la que convinieron realizar el mismo ejercicio, pues la mayoría de las llamadas de extorsión denunciadas en territorio mexiquense provienen de centros penitenciarios capitalinos.
“La idea es proponer un registro nacional de personas privadas de la libertad, porque en el estado la mayor parte de las llamadas provienen de Tamaulipas o de Veracruz, pero y sobre todo de la Ciudad de México”, detalló la secretaria de seguridad mexiquense.
Precisó que en días pasados desarticularon a dos grandes bandas dedicadas a la extorsión desde centros penitenciarios del oriente y Valle de Toluca; de estos casos también entregaron a la fiscalía estatal datos sobre los familiares o allegados que presuntamente auxiliaron a los reos en estos delitos.
Además, dijo, continúan las revisiones en las cárceles para decomisar todos los equipos móviles que ingresan de forma ilegal los familiares u otros visitantes.
“No podemos negar el paso a los visitantes de las PPL [personas privadas de la libertad], pero sí estamos trabajando con las familias para hacer conciencia sobre que la reinserción social es responsabilidad de todos, empezando por la familia, pero cuando tenemos elementos para presentar una denuncia aportamos a la autoridad”, comentó la secretaria.
Cervantes Guerrero dio a conocer que también investigan al personal de las cárceles, entre ellos custodios, que aparentemente ayudan a los extorsionadores y les cobran entre mil y 2 mil pesos para dejarlos hacer las llamadas.
Durante la reunión, el fiscal General local, Alejandro Gómez, añadió que el proyecto es registrar a todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios mexiquenses y el avance que llevan ambas instituciones es sobre delincuentes ligados con carpetas de investigación de extorsión y secuestro, entre otros delitos.
“Esta base de datos nos ha permitido identificar que un mismo sujeto de pronto agarra el directorio telefónico desde el penal de Altamira, por ejemplo, y se avienta 200 llamadas, de las que si caen una o tres de 10 mil pesos cada una, ya hizo el día”, reveló.
Apuntó que las extorsiones pueden ser de diversas modalidades, pero las presenciales son las más importantes de denunciar de forma inmediata; éstas son cuando llegan mensajes a los negocios o domicilios particulares, donde advierten que de no pagar una cuota habrá represalias.
“Si el delincuente es capaz de llegar a tu negocio o casa y presentarse físicamente es porque se siente con cierto grado de impunidad o cobijado por un grupo criminal. Esas son las que se deben denunciar de manera inmediata”, dijo.
