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Los ex integrantes de los cabildos 2013-2015 y 2016-2018 de Coacalco , encabezados por los ex alcaldes David Sánchez Isidoro y Erwin Castelán , respectivamente, así como los dos ex tesoreros de esas administraciones fueron vinculados a proceso por un juez federal, como probables responsables del delito de omisión dolosa al incumplir en la ejecución de una sentencia de amparo del 2013.
Los 32 ex funcionarios locales, incluido el actual diputado federal priísta, David Sánchez Isidoro, quien pretende contender por la alcaldía de Coacalco por segunda ocasión, enfrentarán el proceso en libertad.
Durante la segunda audiencia de vinculación a proceso de inejecución de sentencia de amparo que se efectuó en un juzgado federal de Nezahualcóyotl , el magistrado consideró que el Ministerio Público aportó los argumentos necesarios para determinar la vinculación a proceso de los ex servidores públicos coacalquenses.
El juez fijó un plazo de seis meses para que se cierre el periodo de instrucción, tiempo en el que el Ministerio Público y la defensa de los inculpados podrán presentar pruebas.
El 16 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó separar de su cargo y consignar al alcalde, Erwin Castelán, al síndico y 13 regidores porque el ayuntamiento no pagó 4 millones 120 mil pesos a un ex trabajador que demandó en el 2013 su despido injustificado y un tribunal falló a su favor.
La resolución de la SCJN incluyó también al cabildo de la gestión 2013-2015 que encabezó el ex alcalde priìsta, David Sánchez Isidoro, a quienes también se les consignó ante un juez por el incumplimiento del pago del laudo laboral.
Esta es la primera vez en la historia de la entidad mexiquense que la SCJN disuelve un ayuntamiento por desacatar una orden judicial.
El magistrado juzgó que en los dos trienios los dos ayuntamientos recibieron recursos públicos y privados para cubrir el monto que le correspondía al ex empleado, pero no cumplieron con el mandato judicial.
Además de ordenar su vinculación a proceso, el juez mantuvo como garantía el pago de 5 mil pesos por cada uno de los ex servidores públicos, su presentación periódica para firmar, con lo que se evitarán la evasión de la justicia.
El abogado de Sánchez Isidoro, dijo que como el delito que se les imputa a los ex ediles no es considerado como grave, por lo que no serán encarcelados.
El actual diputado federal conserva sus derechos constitucionales, porque aún no concluye el proceso judicial y no se ha determinado penalmente su responsabilidad, por lo que continuará con sus aspiraciones políticas.
pmba
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