Ante los daños estructurales ocasionados por hundimiento, deslave y daño ambiental ocasionados por un relleno sanitario de San José Huilango y que afectan a 11 mil familias que viven en el Conjunto Urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, diputados mexiquenses aprobaron por unanimidad emitir un exhorto a autoridades del Estado de México para su intervención urgente en este sitio de alto riesgo.
El diputado Max Agustín Correa Hernández explicó en tribuna que los vecinos de Tepojaco padecen graves problemas en sus viviendas por hundimientos, deslaves y fracturas estructurales . Además, tienen complicaciones de salud por la conlindancia del lugar con el relleno sanitario de San José Huilango y con el centro de tratamiento de residuos sólidos denominado Santa María Tianguistenco.
En el conjunto urbano hay 12 escuelas y más de 11 mil casas de interés social, donde habitan alrededor de 45 mil personas que adquirieron viviendas con INFONAVIT , FOVISSSTE e ISSFAM . Hoy enfrentan problemas de salud debido a los gases emitidos por la basura o químicos vertidos en el relleno.
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Las casas de interés social fueron construidas por empresas como Profusa Cuautitlán, S.A. de C.V. , Desarrollo Metropolitano y CAME, y están en un riesgo latente de deslavarse junto con el lomerío sobre el que están asentadas, pues el suelo es arcilloso y podría desmoronarse, alertó el diputado de Morena.
“Estos estragos se deben a la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas desarrolladoras, pero posiblemente por el contubernio con autoridades estatales y municipales que en su momento facilitaron las condiciones para la obtención de permisos de construcción por allá del año 1999”, sostuvo Correa Hernández.
Este conjunto fue autorizado en terreno no apto para la construcción de vivienda por cinco factores: inestabilidad del suelo , ocupación de lomerío, ubicación cercana a dos tiraderos de basura, construcción con mala calidad de materiales y falta de servicios básicos.
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Por más de 15 años, vecinos han emprendido batallas legales para buscar justicia y respeto a sus derechos humanos. Y, aunque han obtenido resoluciones donde autoridades federales reconocen su derecho a una vivienda digna y decorosa, al acceso a la salud y a un medio ambiente sano, “las autoridades estatales se han limitado a echarle la culpa al gobierno municipal, pese a que estudios técnicos determinan un latente riesgo en las viviendas”, aseveró Correa Hernández.
Los vecinos han interpuesto más de 15 juicios administrativos , amparos y denuncias penales . Han ganado todos, excepto los de materia penal, pues la Fiscalía ha desechado los hechos constitutivos de delito de servidores públicos que otorgaron permisos de construcción o de particulares que incumplieron las normas de construcción.
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Pese a la exigencia de sanciones contra las constructoras, autoridades estatales “se limitan a decir que no son competentes o simplemente no quieren hacer nada, pues autorizaron la construcción del conjunto urbano y, por lo tanto, implica revocar sus propios acuerdos”, acusó Max Correa.
ha dado cuenta de los estragos ecológicos y daños generados por este relleno sanitario al paso de los años.
“La grave situación de este conjunto incluso ha sido tema de tesis de la UNAM, IPN, UACM, Universidad Iberoamericana y la Universidad Hafencity de Hamburgo Alemania, que han documentado el grave riesgo en que viven los habitantes de esta zona”, indicó el legislador.
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