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El diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz , presentó una iniciativa para modificar el artículo 256 del Código Penal capitalino , que propone retirar el carácter de servidores públicos a los directores de asociaciones civiles (AC’s), quienes reciben y administran recursos públicos.
Explicó el también vicecoordinador del sol azteca en el Congreso local, que la equiparación de directivos de asociaciones con servidores públicos “es inconstitucional”, pues el artículo 108 de nuestra Carta Magna define quiénes entran en el concepto.
Por ello, destacó el perredista, “ninguna ley, general o estatal, debería de adicionar sujetos a dicha definición, por lo que la presente iniciativa pretende resolver el problema generado, ya que se trata de una reforma punitiva, que genera inseguridad jurídica, que contraviene el pacto federal y la Constitución de la Ciudad”, afirmó.
Además, señaló, “promueve una acción igualmente punitiva en contra de la sociedad civil. Lo que se busca, es otorgar certeza jurídica a las innumerables organizaciones ciudadanas, donde destacan, entre muchas otras, Mexicanos Primero , así como académicas de prestigiadas instituciones como el CIDE, entre otras”.
Gaviño Ambriz sostuvo que busca darle voz a decenas de organizaciones y asociaciones que, con la reforma al artículo 256 del Código Penal y publicada en la Gaceta Oficial el 7 de junio pasado, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, buscan desaparecerlas y acabar con su función, lo cual resulta atentatorio a las libertades fundamentales de asociación”, denunció.
Agregó que el artículo 64 de la Constitución local define a los servidores públicos, en armonía con la Constitución federal y, consecuentemente, lo que mandatan, no se puede modificar de forma arbitraria en leyes secundarias.
Por ello, sentenció que si “la reforma en cuestión es tomada en consideración para efectos de todo el Código Penal, el director o administrador de una Asociación Civil, sería objeto de delitos relacionados con el servicio público, totalmente incompatibles: como el abuso de autoridad, el ejercicio ilegal y abandono del servicio público, peculado e intimidación, entre otros”, comentó.
Indicó que considerar a los directores de AC’s como servidores públicos, es un mecanismo que atenta contra los derechos de libertad de asociación y libertad de expresión, “y podría considerarse como una ‘cacería de brujas’”, destacó.
El perredista detalló que su iniciativa busca contrarrestar la estigmatización hacia las asociaciones de la sociedad civil que el Presidente de la República suele atacar en sus mañaneras, dado que la ley como está es un instrumento más de control político que aplicará a quienes no estén de acuerdo con la 4T.
“Ha sido patente que en la presente administración, se les denosta y ataca a las que hacen notar cuestiones relacionadas con el actual gobierno, lo cual es abiertamente atentatorio de las libertades fundamentales de expresión de ideas y asociación”, denunció Gaviño Ambriz.
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apr/nv
