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El Grupo Parlamentario del PVEM propuso sancionar, con hasta ocho años de prisión, a las personas que posean, oferten o entreguen bebidas dopadas o adulteradas en establecimientos mercantiles.
El diputado local Jesús Sesma detalló que buscan reforzar el tipo penal de la administración subrepticia de sustancias, que fue propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y avalada por el Congreso local hace unos meses.
Además, esta iniciativa precisa que las penas previstas se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan por la comisión de otro u otros delitos.
“Planteamos establecer una pena diferenciada cuando el acto se cometa en establecimientos mercantiles, para que se incremente en dos terceras partes, es decir, hasta ocho años de prisión. Por otra parte, proponemos que se incluya el concurso de delitos, ya que, en la mayoría de los casos, la sumisión química es sólo el primer paso para cometer otros crímenes aún más graves, como agresiones sexuales, robos o privación de la libertad“, aseveró.
Subrayó que hay una realidad dolorosa en la Ciudad, pues cada vez es más común escuchar testimonios, especialmente de mujeres jóvenes, que pierden la conciencia tras consumir una bebida en bares, restaurantes, antros y otros establecimientos mercantiles.
“Más tarde descubren que fueron víctimas de sumisión química. Lo grave no termina ahí: en muchas ocasiones, ni siquiera pueden identificar a sus agresores y los casos quedan impunes. La sumisión química, conocida coloquialmente como ‘canasteo’, es una conducta cobarde y peligrosa que debe generar una respuesta inmediata en la Ciudad de México”, argumentó.
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Sesma apuntó que no se trata de hechos aislados, pues entre 2020 y 2025, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México recibió 280 denuncias sanitarias relacionadas con bebidas dopadas y/o adulteradas que se venden en establecimientos mercantiles.
“En el mismo período, la Cofepris registró casi 500 denuncias sanitarias. La Ciudad de México no puede ser indiferente. Tenemos la oportunidad de ser un referente nacional en la protección de la dignidad, la vida y la integridad de las personas. No podemos permitir que niñas, adolescentes, mujeres jóvenes o cualquier otro individuo, sean blanco de este tipo de violencia en espacios donde deberían sentirse seguras”, sostuvo.
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