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Daniela Álvarez, diputada local del PAN, propuso que el trabajo comunitario, al que se hagan acreedores las personas por distintas faltas administrativas, pueda realizarse en los 66 Módulos de Atención y Quejas Ciudadanas de los legisladores.
La panista presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para que los cursos, terapias, talleres diseñados para corregir su comportamiento en materias como autoestima, escuela para padres, relación de pareja, cultura de la paz, prevención de las adicciones, prevención de la violencia familiar, equidad de género, cultura vial, y los que determine la Consejería, puedan pagarse también en los módulos de las diputadas y diputados locales.
Su propuesta argumenta que los módulos legislativos son, en la práctica, la puerta más inmediata para que los vecinos se acerquen con sus representantes populares y planteen inquietudes, solicitudes de gestión y problemas colectivos que requieren de intervención gubernamental.
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Estos espacios, se menciona, fortalecen el vínculo de confianza entre sociedad y representantes, permitiendo que la labor parlamentaria no se reduzca únicamente a lo normativo, sino que adquiera una dimensión real y tangible para la ciudadanía.
“Debemos reconocer que, en muchas ocasiones, las alcaldías y dependencias suelen estar sobrecargadas, lo que genera un cuello de botella en el cumplimiento y verificación en el cumplimiento de las sanciones impuestas. Al abrir los módulos legislativos como espacios adicionales, se diversifican las opciones para el cumplimiento de sanciones, lo que alivia la carga en oficinas administrativas y acelera los procesos. De esta forma, la reforma no sólo fortalece al Congreso en su relación con la ciudadanía, sino que también beneficia a la propia administración pública al distribuir y equilibrar responsabilidades”, señala la propuesta.
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La iniciativa, enviada a comisiones para su análisis y dictaminación, sustenta que al permitir que los infractores cumplan su sanción colaborando en módulos, se envía un mensaje claro: la infracción no se paga solo con dinero, sino con un compromiso hacia la comunidad.
“Esto refuerza la cultura de legalidad y la idea de que toda conducta indebida tiene consecuencias que buscan reparar el daño social causado. Así, se pasa de un modelo meramente sancionador a uno pedagógico, en el que la sanción enseña valores cívicos y de responsabilidad”, apunta la propuesta.
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