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La diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, presentó una iniciativa para regular los establecimientos en donde se vende cerveza artesanal.
En su propuesta argumenta que, a falta de regulación específica, estos lugares artesanales son confundidos con chelerías y son clausurados por las autoridades locales.
La legisladora propuso cambios a la Ley de Establecimientos Mercantiles para crear la figura jurídica de Centros Cerveceros Artesanales, con el objetivo de otorgar un reconocimiento y un marco regulatorio específico a los más de 50 establecimientos que hoy conforman la Asociación de Establecimientos y Productores Independientes de Cerveza Artesanal (EPICA A.C.).
Se especifica que estos establecimiento destinados a la venta de cerveza artesanal mexicana no deberán ser clasificado como bar o antro, y podrán clasificarse como giro de impacto bajo vecinal o zonal con lineamientos especiales de verificación y supervisión por parte de la autoridad competente.
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“Los pequeños productores artesanales que no cuentan con un punto de venta podrán acceder a un mecanismo de licencia simplificada siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: registro sanitario vigente; aviso de funcionamiento simplificado; tengan una producción mensual máxima de 15 mil litros; y cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad”, señala la propuesta turnada a comisiones.
De manera simultánea a la presentación de esta iniciativa, EPICA entregó un paquete de propuestas al secretario de Gobierno, César Cravioto, las cuales incluyen reformas al Reglamento de la Ley de Verificación Administrativa para que la facultad de clausura se reserve exclusivamente para faltas graves y objetivamente definidas en la ley, eliminando la discrecionalidad en sanciones por faltas administrativas menores.
De igual forma, le entregaron una propuesta de modificación a la Ley de Verificación Administrativa para establecer procedimientos más claros y garantistas durante las visitas de verificación.
La Asociación mencionó que estas acciones se suman al diálogo en curso con el gobierno capitalino para la firma de un convenio que permita la reapertura de los establecimientos clausurados por ser confundidos con chelerías.
La falta de certeza jurídica para estos emprendedores ha generado que el 15.7% de los centros cerveceros sean clausurados, el 3.9% sean cerrados permanentemente y el 13.7% estás suspendidos.
“Esto representa un grave problema para los emprendedores ya que sus negocios cierran por razones ajenas a ellos. La inexistencia de una naturaleza jurídica para su centros implica que sean propensos a decisiones arbitrarias de clausura o suspensión bajo sostener que no se encuentran en un suelo con uso jurídico adecuado”, comentó la diputada Urriza.
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