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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) presentó la recomendación 18/2023 contra la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) por la detención ilegal y tortura de una persona con discapacidad, quien se encuentra detenida en el Estado de México, cumpliendo un proceso de manera irregular.
En un evento, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, dijo que por lo menos el organismo ha emitido 85 instrumentos recomendatorios por actos de tortura y en los últimos seis años 35, en nueve de ellas se documentaron detenciones ilegales y arbitrarias, y dos estuvieron vinculadas con personas con discapacidad.
Fue el 17 de mayo de 2019 cuando José Alberto Burelo, víctima con discapacidad sicosocial fue detenido por agentes de la PDI de la fiscalía en Gustavo A. Madero, como parte de un operativo el cual nunca existió de manera oficial, y que apegados a eso, los oficiales lo detuvieron de manera ilegal por posesión de drogas.
Luego lo liberaron para que agentes de la fiscalía del Estado de México le cumplieran una orden de aprehensión, proceso que lo mantiene preso en esa entidad.
Además de ser víctima de detención arbitraria y tortura, Nashieli Ramírez refirió que el proceso penal en contra de Burelo conllevó mayores consecuencias dentro del proyecto de vida.
Señaló que este instrumento recomendatorio es parte del proceso para el acceso a la justicia y reparación del daño al que tiene derecho la víctima.
En tanto, la FGJ deberá inscribir a la víctima y sus padres en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, además de colaborar con la Ceavi para la entrega de apoyos inmediatos, además de investigar a 10 agentes que aparecen en videos realizando la detención de José Alberto Burelo.
Nashieli Ramírez recordó que en la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, 43% de las personas privadas de la libertad señalan que su detención se dio en la calle o sustrayéndola de un lugar sin orden de aprehensión, es decir, arbitraria.
Refirió que la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes son una práctica recurrente aun cuando el marco constitucional pretende prevenir este tipo de acciones por parte de agentes de las distintas corporaciones policiales en el país.
Manifestó su preocupación por este tipo de detenciones, cuya investigación dio como resultado la recomendación.
La titular comentó que es convicción de la CDHCM que las decisiones de los Grupos y Comités del Sistema Universal de protección de Derechos Humanos sean preservadas en la capital, así como tratados internacionales, aún más cuando la detención arbitraria y la tortura se infringen en contra de una persona joven con discapacidad sicosocial.
Recordó que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas señala que este Grupo de Atención Prioritaria —reconocido así en la Constitución local— se ve afectado de manera desproporcionada por violencia, malos tratos y otros castigos crueles y degradantes.
