Toluca, Méx.- Dos de las personas que fueron liberadas la tarde del miércoles al ser acusado del ataque en el Bar “” en Cuautitlán Izcalli, señalaron que fueron víctimas de tortura al momento de ser detenidos por Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ().

Ambas personas a su salida de la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAES) ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, mostraron sus lesiones y en el brazo derecho, abdomen y pecho al señalar que durante el aseguramiento, los agentes ejercieron el uso excesivo de la fuerza pública.

“En cualquier momento las lesiones pueden producir una hemorragia y es injusto lo que les hicieron a nuestros familiares, ellos víctimas y fueron tratados como delincuentes. Desafortunadamente mi familiar estuvo en el ataque y ahora ha sido violentado por la autoridad”, asegura Fabiola, testigo anónimo.

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) solicitó medidas precautorias al fiscal regional de Cuautitlán y al coordinador general de la Policía de Investigación (PDI), luego de haber ingresado una queja por diversas lesiones durante su detención.

Al respecto, la Codhem, explicó que los familiares de los detenidos narraron cómo fue realizada su captura, por lo que pidieron a las autoridades medidas de protección de derechos humanos a fin de salvaguardar el derecho a no ser sujeto a incomunicación, recibir información, un debido proceso y tener derecho a la libertad y seguridad personal.

Es de recordar que la Fiscalía General de Justicia mexiquense, en conjunto con otras fuerzas del orden, realizaron este martes la detención de por lo menos 11 personas en Cuautitlán Izcalli, por la sospecha de estar vinculados con la masacre en un bar que dejó 6 muertos y heridos el fin de semana pasado.

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De acuerdo con la ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de México, en el Artículo 2 establece que comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflija golpes, mutilaciones, quemaduras, dolor o sufrimiento físico o psíquico, coacción física, mental o moral, o prive de alimentos o agua o disminuya la capacidad física o mental, aunque no cause dolor o sufrimiento físico o psíquico, de cualquier persona.

Además, señala que para quien cometa actos de tortura, se le impondrá una pena de 3 a 12 años de prisión, de 200 a 500 días multa y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar otro de esta misma naturaleza, por un término hasta de veinte años, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran.

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aov/cr

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