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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
El titular de la Agencia de Gestión Urbana capitalina (AGU), Jaime Slomianski, se desistió del juicio de nulidad promovido ante el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa sobre la suspensión de la Planta de Termovalorización y dejó el destino de este proyecto a la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum.
Dejó claro que este proyecto sólo representó una política pública de carácter interinstitucional y no una decisión aislada de una dependencia del Gobierno de la Ciudad.
Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda en el Congreso local, que preside Fernando Aboitiz, reconoció que la agencia a su cargo recurrió a la suspensión temporal dictada por el tribunal el viernes 12 de octubre.
No obstante, enfatizó que este recurso en ningún momento modificaba la suspensión decretada por el juzgador: “Con independencia de ello, giré instrucciones para que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Agencia presente el desistimiento al recurso en comento, atendiendo al exhorto que fue aprobado por esta soberanía en relación con este tema”.
De la licitación del proyecto de biodigestión, dijo que el 25 de septiembre pasado fue declarada desierta.
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El responsable de la AGU recordó a los congresistas que la planificación de la planta inició hace tres años, cuando se proyectaba como una de las más grandes del mundo: “Ahora ya hay otras ciudades, otros países, no en América Latina, fundamentalmente en Asia o en Medio Oriente, que están construyendo plantas más grandes, pero sí era la primera en América Latina, hubiera sido en caso de que esto continúe”.
De lo que no se habló en la comparecencia, ni al término de ésta, fue de las posibles repercusiones penales y económicas que provocaría echar abajo este proyecto.
A partir de mayo, Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de esta planta, al argumentar que la firma de este contrato “ es onerosa”, y endeudaría a la Ciudad de México por 30 años.
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Tan sólo para la operación y construcción de la planta, el Gobierno de la Ciudad firmó un contrato con Proactiva Medio Ambiente y Veolia por aproximadamente 13 mil millones de pesos.
Este martes, el tema de la Planta de Termovalorización provocó debate en Donceles y Allende entre diputados de Morena, PRD y Encuentro Social.
Se acordó que la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México llevará a cabo investigaciones para comprobar si se cometieron irregularidades durante el proceso de contratación de la Planta de Termovalorización.
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