Maltrato, privación ilegal de la libertad, trabajos forzados y hasta violaciones son algunos de los motivos por los que durante 2024 fueron presentadas denuncias en contra de los centros de rehabilitación contra las adicciones.
Los centros contra las adicciones con más denuncias se encuentran en zonas alejadas en alcaldías como Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan.
Consta en las indagatorias que ha realizado la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México que ninguno cuenta con registro, incluso una vez denunciados cambian de nombre o residencia.
De los 24 casos que se denunciaron el año pasado por irregularidades en los centros contra las adicciones, en tres de estos la fiscalía capitalina realizó inspecciones, una de ellas en La Luz del Señor, ubicado en la frontera entre Tláhuac y Chalco, Estado de México.
Consta en el expediente 05/12/24 que los internos se quejaban porque les daban de comer alimentos “con gusanos”; durante la inspección la autoridad no encontró “irregularidades”, una semana después el lugar cambió de domicilio.
Otra de las denuncias tiene que ver con trabajo forzado, pues de acuerdo con los familiares, en ocasiones el centro Un día a la vez, ubicado en Xochimilco, obligaba a los internos a vender galletas o dulces en camiones y cruceros.
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Agentes de la FGJ lograron documentar que algunos de estos centros no contaban con la higiene necesaria para concentrar hasta a 15 internos, tampoco había personal capacitado e, incluso, estaban sobre terrenos irregulares.
Señalan falta de regulación
Luego del incendio en la Clínica para la Rehabilitación de las Adicciones Hombres Preparados y Mujeres Preparadas A.C., en Tlalpan, que dejó cinco muertos, especialistas advierten un abandono por parte de las autoridades en este tipo de espacios de asistencia social para la prevención y rehabilitación de adicciones; además, remarcan la necesidad de sumar esfuerzos Estado y sociedad civil para brindar atención integral.
Felipe Gaytán Alcalá, investigador de la Universidad La Salle, señaló que en muchas ocasiones son organizaciones civiles o religiosas las que habilitan “de buena fe” este tipo de espacios, lo que hace difícil tener un control de los mismos. Advirtió que, pese a tratarse de un tema de salud pública, hay abandono por parte del Estado.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Gaytán Alcalá indicó que el Estado debe hacer alianza con las organizaciones encargadas de los anexos no sólo en materia de presupuesto, sino también en cuanto a la capacitación que recibe el personal que brinda atención, de tal forma que se garanticen los derechos de los usuarios.
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“Están ayudando a resolver un problema, al menos deberíamos tener el compromiso social y el compromiso político de acompañarlos, porque muchos de ellos hacen una labor relevante. El problema es cuando suceden casos [como el del pasado fin de semana en Tlalpan] que los estigmatizamos e intentamos eliminarlos, pero hacerlo tampoco acaba con el problema de las adicciones”, señaló.
Saúl Arellano, integrante del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, coincidió en que hay un abandono de parte del Estado de su responsabilidad ante esta problemática, que se traduce en factores como falta de una política de prevención de adicciones y supervisión efectiva de estos anexos.
“Al no haber supervisión, una regulación firme, protocolos, al no haber modelos de atención probados y aprobados por la autoridad, entonces los privados hacen lo que quieren, ¿no?”, indicó.
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En algunos casos, subrayó, estos espacios se abren con buenas intenciones de organizaciones religiosas que buscan beneficiar a quienes sufren una adicción, pero hay otros que terminan controlados hasta por el crimen organizado, agregó.