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Al detallar el Paquete Económico para 2023 ante legisladores, quienes le cuestionaron la disminución del presupuesto a órganos autónomos, incluido ellos, la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González, reconoció que en la propuesta que enviaron hay una disminución de lo que pidieron los organismos, pero acotó que la última palabra la tiene el Congreso local y lo que mandata la Constitución.
De acuerdo con el paquete, se propone para la operación de los órganos autónomos un monto de 12 mil 306 millones de pesos, mientras que lo solicitado para el siguiente año fueron 14 mil 957.8 millones de pesos.
Por ejemplo, el Congreso capitalino se autorizó mil 766 millones de pesos y en el proyecto se calculan mil 500 millones de pesos.
Durante la comparecencia de la funcionaria ante Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el diputado Royfid Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana señaló que 18% del presupuesto es para las alcaldías y 8% para los órganos autónomos, mientras que 47% se concentra en el gobierno central.
El diputado panista Federico Döring le preguntó si hará una modificación al paquete ante el recorte que tiene el Congreso capitalino, ya que de acuerdo con la ley de austeridad, la administración local no está facultado para hacer recortes a los organismos autónomos.
En respuesta, González reconoció que la administración local, como lo mandata la Constitución de la Ciudad de México, no puede modificar el presupuesto de los órganos autónomos, pero sí el Congreso local, y que lo plasmado en el Paquete Económico será tema de discusión.
“Nosotros, en efecto, no podemos moverle… en el Paquete Económico hemos puesto énfasis en aclarar que están las propuestas de cada uno de los organismos autónomos tal cual fueron remitidas a la jefa de Gobierno. Nosotros simplemente hicimos un trabajo que sí es nuestra facultad de armonización en términos de ingresos y gastos proyectados. La facultad de aprobar dicha propuesta de ingreso y egresos es del Congreso”.
Reiteró que la jefa de Gobierno tiene la facultad de hacer dicha armonización de lo solicitado y de la propuesta, para “no generar desequilibrios futuros”.
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