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El proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), que fue consultado y ahora está en análisis por el Gobierno capitalino, contempla una estabilización de rentas en la Ciudad de México.
Una de las estrategias, a corto plazo, es que en zonas con alta presión y sobrevaloración del mercado inmobiliario se priorizarán medidas para frenar la especulación y promover la producción de vivienda asequible en alianza con el sector privado; además, “se implementará un Índice de Precios de Alquiler Razonable para orientar la estabilización de rentas y las intervenciones públicas en esas zonas”.
El proyecto precisa que resulta fundamental implementar políticas de gestión territorial con enfoque antiespeculativo y de encarecimiento de las rentas, el suelo y el consumo, que garanticen la permanencia de los habitantes, la diversidad social y el acceso equitativo a los bienes culturales y urbanos. “Dichas políticas deben promover el equilibrio entre la conservación del patrimonio, el derecho a la vivienda y el desarrollo local sostenible”.
De acuerdo con el documento, la Ciudad de México enfrenta las consecuencias de un proceso histórico de concentración del suelo en pocas manos, que ha propiciado la especulación inmobiliaria y la ausencia de un parque habitacional público. Asimismo, hay ausencia de mecanismos eficaces de gestión intersectorial del suelo y de regulación de rentas, junto con la falta de una política integral de vivienda en renta social o cooperativa, lo que limita las alternativas de acceso a la propiedad.
“Esta situación provoca el vaciamiento de zonas centrales y contribuye al desplazamiento de habitantes, debilitando la protección del derecho al arraigo y favoreciendo la especulación”, indica el proyecto del PGD.
Se proyecta que en el corto plazo, la Ciudad implementará una estrategia centrada en garantizar el acceso efectivo, equitativo y seguro a una vivienda adecuada y sostenible, priorizando a los sectores históricamente excluidos y las zonas de mayor precariedad.
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Entre otras acciones, se plantea el diseño de políticas de suelo con enfoque de justicia territorial, promoviendo instrumentos que eviten la especulación inmobiliaria, del suelo y de la vivienda.
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