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Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) afirmaron que no se oponen a una reestructuración del órgano que el grupo mayoritario de Morena plantea en el Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, solicitan un plazo para analizar toda la estructura y no sólo eliminar cinco áreas como proponen.
De acuerdo con el plan de acción para la reestructura interna del IECM que consejeros entregaron el viernes a los integrantes de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, explicaron que debido al recorte presupuestal de 38% que sufrió este año —ya que le otorgaron 754 millones de pesos menos de lo solicitado y sólo cuentan con mil 201 millones 84 mil 647 pesos que le asignó el Congreso local—, ya tienen considerado en la planeación estratégica de 2022 realizar un proceso de reestructura funcional de todas las áreas que lo componen.
Explicaron que este proceso se realizará una vez concluido el desarrollo del Presupuesto Participativo 2022 e iniciará a principios de junio, para contar con una propuesta integral a finales de septiembre. “El último trimestre de 2022 se enfocarán en la ejecución del acuerdo de reestructuración funcional y operativa que apruebe el Consejo General”.
Por ello, solicitaron tiempo a los diputados del Congreso de la Ciudad de México para realizar un estudio integral de toda la estructura institucional, considerando las áreas centrales y las oficinas desconcentradas, y no sólo cinco como propone Morena.
Se trata de la Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados.
De aprobarse la iniciativa este mes, el instituto tendrá que realizar el ajuste en un plazo de 60 días, por lo que la eliminación de las áreas debería concretarse a más tardar en agosto de 2022.
“Si bien los objetivos de la iniciativa de reforma son compartidos por los integrantes del Consejo General, en el sentido de hacer más eficiente el uso de recursos destinados a la autoridad electoral y diseñar una estructura electoral óptima, los procesos para alcanzar dichos objetivos son diferentes”, señalaron.
Además, el plazo que solicita el instituto obedece a que requiere que en el presupuesto 2023 se contemple una partida específica para la liquidación del personal que quede fuera y también garantizar el funcionamiento ordinario y la ejecución del proceso electoral 2023-2024 con el personal que sea definido.
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