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Extender hasta por 10 años la vigencia de los permisos de operación de un giro mercantil de impacto zonal y vecinal, previa reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, aplicar los recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística y otras acciones inmediatas, son parte del nuevo plan para reactivar la economía local, que el Congreso local presentó al Gobierno capitalino.
De igual forma, los diputados locales proponen avanzar en el proceso de simplificación administrativa, así como en la homologación de plazos en las alcaldías para obtener trámites prontos y expeditos, regularizar del comercio en la vía pública, por tratarse de una competencia desleal.
Así como impulsar cambios a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Procedimiento Administrativo, con la finalidad de mitigar el impacto del tiempo de respuesta de las alcaldías en los trámites relativos a los establecimientos mercantiles.
Cabe destacar que estas propuestas, son resultado del análisis que ha recibido la Comisión de Administración Pública del Congreso capitalino, que encabeza la diputada local de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, sobre todo en modelos que ya aplica España y otros países de Europa.
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En su estudio, la morenista comenta que el gobierno capitalino plantea, mediante un acuerdo administrativo con las alcaldías, que las verificaciones administrativas y la aplicación de sanciones, sean fruto de visitas motivadas por quejas, con órdenes de verificación que se ciñan a los motivos de las mismas.
En caso de actualizarse de algún supuesto de violación o incumplimiento, procurará imponer sanciones menos perjudiciales a los establecimientos mercantiles, con las condiciones económicas que actualmente está cada giro, como consecuencia de la emergencia sanitaria.
A su vez, propone modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, sobre todo de una prórroga, para extender la temporalidad de las vigencias de los permisos de impacto vecinal y zonal, conforme a los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del 20 de marzo y 29 de mayo de pasados, en materia de suspensión de términos.
Para ello, explicó Chavira de la Rosa, sería necesario suscribir un acuerdo administrativo, “para que, tratándose de la revalidación de los permisos referidos, los mismos conserven su vigencia durante el plazo de suspensión de términos y, además, evitar la imposición de sanciones por esa circunstancia”, señala el documento.
A su vez, en el proyecto de ordenamiento del comercio informal, las autoridades capitalinas analizan la posibilidad de reformar la Constitución local y las leyes Orgánica de las Alcaldías y la de Establecimientos Mercantiles, así como el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
“Esto, con el propósito de establecer una competencia concurrente entre las alcaldías y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), para normar y otorgar facilidades administrativas a los establecimientos mercantiles, como incentivo a la economía”, establece la diputada de Morena.
Además, debido a la importancia de generar acciones inmediatas para la reactivación económica de la Ciudad, en particular del sector restaurantero, propone suscribir acuerdos de colaboración entre la Sedeco y las alcaldías.
“Para estar en posibilidad de establecer soluciones coordinadas en el ámbito de competencia de cada autoridad, analizando temas de simplificación administrativa, suspensión de verificaciones o reducción en la aplicación de sanciones, dentro del marco normativo vigente”, dijo.
Dichas medidas contribuirían a la reactivación de ese gremio, que en voz del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) local, Marco Antonio Buendía González, ha expresado preocupación por una baja afluencia de comensales en el proceso de reapertura de los restaurantes.
A su vez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Ciudad de México, Luis Armando Díaz Infante Chapa, informó que dicho organismo solicitará información a las alcaldías del tiempo de respuesta promedio a los trámites en materia de construcción, que son aproximadamente 70 ante distintas autoridades.
Chavira de la Rosa señaló que la petición surge a raíz de que la autoridad fija, en el mayor número de los casos, tiempos mínimos y no máximos de atención, situación que motiva la comisión de actos de corrupción, porque el ciudadano está dispuesto a dar dinero para tener la certeza de que su trámite concluirá satisfactoriamente.
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