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El Congreso capitalino solicitó a los partidos políticos locales y nacionales a que, de manera previa a la designación de candidatos a puestos de elección popular, realicen una exhaustiva revisión de sus historiales , a efecto de conocer si enfrentan cargos por violencia contra las mujeres, adolescencias e infancias u omisiones ante sus responsabilidades familiares.
La propuesta fue presentada por la diputada local de Morena, Ana Francis López Bayghen Patiño, quien señaló que pretende inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal , que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica y sexual, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan, en forma desproporcionada, a las mujeres.
De igual forma, la morenista solicitó a todos los partidos políticos, nacionales y locales, sensibilizar y capacitar a sus militantes en materia de prevención, atención y sanción a la violencia de género y masculinidades, no hegemónicas y no violentas.
Precisó que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral , en 2020 publicó una serie de lineamientos para que partidos políticos nacionales previnieran, atendieran, sancionaran, repararan y erradicaran la violencia política contra las mujeres en razón de género; en las redes sociales y notas periodísticas se siguen encontrando casos de representantes populares con antecedentes de violencia.
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Refirió que los lineamientos incluyeron un capítulo tres de tres contra la violencia, en el cual los partidos políticos estarían obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura, la firma de un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde establecía que no habían sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Además, señalaba que no podrían ser candidatas o candidatos las personas que hayan sido sancionadas como deudores alimentarios, morosos, salvo que acreditasen estar al corriente del pago o en la cancelación de la totalidad de la deuda.
“Contar con personas servidoras públicas violentas, y/o irresponsables ante sus compromisos familiares, les hace infractores de la ley, además de que resulta incongruente y no ético poner a estas personas en puestos de representación o ejercer cargo públicos”, acotó.
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apr/nv
