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El coordinador de los diputados locales del PRI, Ernesto Alarcón, propuso sancionar las acciones que trasgredan la privacidad de las personas, como la colocación de cámaras de videovigilancia que apunten directamente al interior de casas aledañas.
A través de una iniciativa, busca modificar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para también sancionar la ubicación de puertas o ventanas cuya salida o entrada o ángulo de vista dé directamente al interior de alguna de las casas vecinas.
También se sancionaría el recabar material digital como fotografías, videograbaciones o grabaciones de sonido, valiéndose de la instalación de las cámaras de vigilancia. En los tres casos, la sanción será de arresto entre 20 y 36 horas o de entre 10 y 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.
Explicó que esta iniciativa se enfoca en la invasión a la privacidad territorial, en específico en la intromisión o en aquellas acciones que atenten contra la intimidad personal y familiar que una persona posee en su hogar, y que por derecho debe gozar sin interrupción alguna.
Precisó que cuando los vecinos de casas aledañas colocan dispositivos electrónicos o cámaras de videovigilancia que apunten de manera directa a áreas dentro del domicilio de otro vecino, así como la colocación de puertas o ventanas que dan de manera directa a la casa de otra persona, son acciones que reflejan una intromisión total al espacio íntimo de la persona y de la familia.
Explicó que se entiende como intimidad familiar como la salvaguarda de los vínculos familiares, el patrimonio moral o espíritu de la familia (como fotografías de un familiar en lecho de muerte), el asiento físico de la familia o los actos enmarcados en las relaciones familiares.
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Ernesto Alarcón dijo que todas las personas de la Ciudad de México tienen derecho a un ambiente sano e íntimo que les permita desarrollarse, el cual no puede verse trasgredido por acciones que no sean autorizadas u ordenadas por autoridades competentes, de lo contrario toda violación a la intimidad adquiere el carácter ilegal y deberá ser sancionado conforme a las normas y procedimientos aplicables.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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