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Para evitar que el reparto de agua potable sea utilizado con fines electorales , tal y como lo hace actualmente Morena, el PRI en el Congreso local presentó una iniciativa para sancionar con hasta nueve años de prisión , a todo servidor público que condicione el abastecimient o del líquido a cambio de cualquier tipo de lucro.
La propuesta la presentó el coordinador del tricolor, Ernesto Alarcón Jiménez, quien establece añadir el artículo 276 al Código Penal capitalino, donde pide castigo por el condicionamiento de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo, para quienes reciben el servicio a través de pipas, donde algunos funcionarios han encontrado su productivo negocio.
El artículo señala que al servidor público u operador de pipa de agua potable, dependiente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), del Gobierno local o de las Alcaldías, que condicione el abastecimiento de agua potable a cambio de cualquier tipo de lucro, se le impondrán de seis a nueve años de prisión y multa de 500 a 900 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).
Asimismo, indica que este tipo de conductas deberá ser investigado de oficio, aunque la pena y multa aumentarán en 40% a quien condicione el abastecimiento de agua potable, solicitando el apoyo a una asociación o partido político o a cualquier candidato a cargo de elección popular, sin perjuicio de las sanciones administrativas o en materia electoral previstas por la normativa vigente.
El priista explica en su iniciativa que el acceso al agua potable, es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que resulta imperioso elaborar un tipo penal que castigue a los servidores públicos y operadores de pipas de la Ciudad, que generen un lucro de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a la ciudadanía.
Agregó que la carencia de agua en la Ciudad en las épocas de mantenimiento de los sistemas de captación y distribución, suponen una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, así como el crecimiento de riesgos en la salud pública, por lo cual el Gobierno capitalino y Alcaldías ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados del desabasto de agua.
Sin embargo, ante la demanda del vital líquido por parte de los usuarios, existen operadores y servidores públicos que lucran con la necesidad de distribución de agua, vulnerando directamente el derecho fundamental a su acceso y acrecentando la brecha de desigualdad entre la ciudadanía.
Cabe recordar que sobre el incremento del 35% al precio por el consumo del vital líquido, el PAN presentó hace unos días un recursos de inconstitucionalidad, a la que se sumaron las diputadas locales del PRI: Lourdes González Hernández y Tania Larios, quienes aseguraron que están pendientes de la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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