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Debido a un “error” del tesorero del Congreso de la Ciudad de México, Armando López Fernández, quien pagó un millón 370 mil 980.80 pesos a una empresa distinta a la que les vendió 550 cartuchos de tóner, ahora el Poder Legislativo está en riesgo de ser demandado por la víctima.
A pesar de ello, la Dirección General Jurídica del Congreso local ya demandó por el delito de fraude, penal y civilmente a la empresa Grupo 85, S.A. de C.V., que recibió el dinero; sin embargo, ahora no dan con ella, ya que “desapareció”.
La proveedora, Flor de María Adame y Vives, exige su pago y el tesorero no niega la deuda; sin embargo, le ha dicho que “le pagaremos en cuanto la otra empresa nos devuelva el dinero”, por lo cual los abogados de la afectada sólo esperan la orden de cliente para demandar al Congreso
De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, en febrero pasado, mediante licitación directa, la Oficialía Mayor otorgó la compra a la señora Adame y Vives, al ofrecer un precio más accesible para la adquisición de 550 cartuchos de tóner, los cuales el año pasado fueron conseguidos por un millón 856 mil 600 pesos.
La proveedora les garantizó el mismo producto a un costo mucho menor, en un millón 370 mil 980.80 pesos, lo que le representaba al Congreso local un ahorro de 485 mil 620 pesos.
Para ello, las partes cumplieron con toda la documentación para la transacción, aunque en todo momento se opuso la directora General de Administración, quien en 2019 fue la encargada de la compra, bajo el argumento de que la adquisición debería realizarse con Grupo 85, S.A. de C.V.
El problema ocurrió en marzo pasado al momento de efectuar el pago, puesto que el tesorero López Fernández lo entregó a Grupo 85, S.A. de C.V., y no a la señora Adame y Vives, quien desde aquel mes sigue a la espera de la transacción de su producto.
Ante tal situación, el Jurídico del Congreso local demandó penal y civilmente a dicha compañía, por el delito de fraude, cuyo caso quedó radicado en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-35/D/00001/05-2020, dado que al acudir a la dirección que proporcionó este negocio en la licitación de 2019, situado en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, “no existe”.
