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Tras la muerte de cinco personas en un centro de atención a las adicciones en Tlalpan, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la persona titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Amaya Ordorika Imaz, verificar que estos lugares operan con apego a los principios de respeto a la dignidad e integridad de las y los usuarios y cuenten con programas internos de protección civil.
Asimismo, pidió dar la máxima difusión al Directorio de Centros de Atención de Adicciones registrados que cumplen con la normatividad aplicable en la Ciudad de México, ello, con la finalidad de que el público usuario o interesado, pueda verificar si el centro de su interés se encuentra operando con regularidad.
Al presentar este punto de acuerdo, la diputada local del PVEM, Paula Pérez, destacó que el objetivo principal del mismo es evitar abusos y casos que deriven en daño a sus usuarios o la pérdida de vidas humanas.
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La legisladora ecologista recordó que el pasado 24 de febrero seis personas perdieron la vida y otras tantas resultaron intoxicadas tras el incendio del centro de rehabilitación “Fuerza nacional”, ubicado en la alcaldía Tlalpan. Siniestro que, dijo, “presuntamente se presentó tras el intento de motín al interior del inmueble y que si bien la actuación de los cuerpos de seguridad y emergencia fue pronta, no pudo evitarse la lamentable pérdida de vidas humanas”.
Aunado a lo anterior, la diputada Paula Pérez aseguró que esta tragedia hace presumir que el trato a las personas dentro del centro no era la idónea, además de que se descubrió que este centro no se encuentra inscrito en el Directorio de Centros de Atención de Adicciones Registrados que cumplen con la normatividad aplicable en la Ciudad de México, y que vecinos refieren que dicho centro operaba de manera irregular, “cosa que resulta inaceptable y enciende un foco rojo sobre la clandestinidad en la que operan este y probablemente varios centros de rehabilitación contra las adicciones en nuestra Ciudad”.
“Hechos lamentables, como el ocurrido en Tlalpan, nos obligan a plantear medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de las personas usuarias y prevenir, en la medida de lo posible, que ocurran nuevamente este tipo de tragedias”, concluyó Pérez Córdoba.
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