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El Gobierno capitalino va contra el mercado negro en los panteones, toda vez que enviará una iniciativa al Congreso local para adicionar al Código Penal una pena de cinco a 10 años de prisión a quien distribuya, comercialice o transporte, sin autorización, personas fallecidas, partes o restos humanos áridos. Además, pondrá cámaras de vigilancia conectadas al C5.
Al presentar la propuesta de reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios de la CDMX, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, explicó que la comercialización de restos humanos no está en el Código Penal local, solamente la violación de sepulcro o exhumar, ocultar o destruir restos humanos, por lo que es necesario incluirla, dada la venta a través de redes sociales.
EL UNIVERSAL publicó el 28 de enero que en panteones de la capital se venden cráneos hasta en 2 mil pesos.
Estas reformas se dan luego de que se conociera que del Panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, fue robado el cuerpo del bebé Tadeo, el cual fue ingresado a un penal en Puebla.
El gobierno busca endurecer el artículo 207 del Código Penal para quien exhume, oculte, destruya o sepulte personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley. Actualmente se castiga con tres meses a dos años de prisión, pero se propone la sanción con dos a ocho años.
Así como al artículo 208 que indica una pena de uno a cinco años a quien viole o profane sepulcros o restos humanos, pero se propone aumentar de tres a ocho años de prisión.
Estas sanciones aumentarán dos terceras partes cuando se trate de servidores públicos, trabajadores de cementerios, prestador de servicios externos, de servicios funerarios y empleados de la guarda de cadáveres.
La iniciativa se suma a modificaciones del reglamento de panteones que no se actualizaba desde 1984, donde el consejero indicó que se plantea una mayor supervisión a los 118 cementerios, responsabilidades de las alcaldías, sanciones para servidores públicos, así como un registro de restos humanos en cada panteón, incluidos privados.
Vargas Solano explicó que las alcaldías continuarán como responsables de cementerios y crematorios. Cuando tenga conocimiento de hechos que constituyan la alteración y exhumación de cadáveres o restos, deberán presentar de manera inmediata una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se incorporará para realizar visitas a los panteones, y podrá ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer sanciones.
Vigilancia desde el C5
La propuesta contempla la vigilancia de cementerios y crematorios por medio de cámaras conectadas al C5; cuidado del área perimetral y control del personal y de acceso de los visitantes.
Se va a crear un sistema de registro público de los datos diarios de inhumaciones, cremaciones, restos humanos cumplidos depositados en el memorial y reinhumaciones.
