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El ex delegado perredista de Venustiano Carranza, Israel Moreno, fue vinculado a proceso por incumplir con una sentencia de amparo, y ahora solicitó la protección de la justicia federal para que el Ministerio Público desista de su acusación.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su destitución el 9 de diciembre de 2017, el ex delegado fue vinculado a proceso por desacato a una sentencia de amparo que beneficiaba a cuatro trabajadores de la demarcación.
En enero pasado el entonces juez de control, Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, solicitó al Ministerio Público federal la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del imputado para que retire la acusación y la acción penal contra Moreno Rivera quede sin efectos.
Aunque en febrero de 2018 el Ministerio Público aceptó la aplicación del criterio de oportunidad, en marzo siguiente dejó sin efecto el acuerdo y declaró que por el momento no es procedente la declaración del sobreseimiento de la causa penal.
Por ello, el ex delegado solicitó un amparo ante el Juez Cuarto de Distrito en la Ciudad de México que, de inicio, desechó la demanda.
Sin embargo, mediante un recurso de queja, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó al juez de amparo admitir la demanda de garantías promovida por el perredista.
En su demanda de garantías, el ex delegado acusó que el ministerio público federal ya había aceptado aplicarle un criterio de oportunidad para concluir con su proceso de manera rápida y después se retractó.
Por lo que el juez de amparo deberá decidir si la decisión del MP está apegada a derecho y el perredista permanecerá vinculado a proceso o si procede concluir el asunto y que el MP se desista de su acusación.
El amparo que derivó en su destitución y en la consignación de su antecesor, José Manuel Ballesteros, ordenó la expedición de cuatro nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgar los elementos necesarios a cuatro trabajadores de la delegación.
Ninguno de los dos cumplió con la orden emitida por un juez de amparo, razón por la que fueron denunciados por el incumplimiento en el que la Corte los consideró responsables y ordenó las sanciones.
