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Antes de que concluya la administración de José Ramón Amieva , la Contraloría General de la Ciudad de México deberá remitir al Congreso local un informe sobre los ingresos de las concesiones por los bajopuentes y también deberá explicar cuál ha sido su destino.
Desde la máxima tribuna capitalina, el diputado local de Morena, José Martín Padilla Sánchez , aseguró que haber otorgado los bajo puentes a empresas privadas se traduce en la privatización del espacio público.
“Además de la gentrificación, se pierden espacios que pueden ser usados para la cultura, recreación de jóvenes, niños y adultos mayores, se pierden espacios también para el pequeño comercio donde los pequeños productores o pequeños comerciantes no pueden ofertar sus productos debido a que los espacios para puntos de venta son muy caros”, cuestionó.
El morenista recordó que estas concesiones se dan desde 2013 y se desconocen los detalles de los contratos otorgados por el gobierno capitalino, a través de la Autoridad del Espacio Público.
“Únicamente se conocen las duraciones de las fechas, los lugares donde se ubican y la empresas que han sido beneficiadas de los contratos como son Operadora de Integración Urbana, Alianza de Proyectos Estratégicos Bicentenario y Consorcio JIT”, dijo.
Hasta el año 2021, se tienen concesionados espacios de bajo puentes en diversos puntos de la Ciudad como Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
Hay nuevos proyectos autorizados para 12 mil 337 metros cuadrados, y en proceso de conclusión 13 mil 8 metros cuadrados, según el Sexto Informe de Gobierno del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2012-2018).
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