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La sobreexplotación de agua por las compañías refresqueras y embotelladoras amenaza con agotar los mantos acuíferos que abastecen a la Zona Metropolitana del Valle de México, alertó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La investigación realizada por académicos de esa institución, se basó en la evaluación de siete cuerpos subterráneos, que son sobreexplotados por 16 empresas que extraen alrededor de 7 millones 900 mil metros cúbicos de agua por año, lo que equivale a 6.5% respecto del recurso subterráneo empleado por la industria manufacturera de la Cuenca del Valle de México.
Como resultado de esta acción, el acuífero de la Zona Metropolitana de la CDMX fue declarado en extinción; el de Texcoco en grado extremo, y los de Cuautitlán-Pachuca y Chalco-Amecameca, en nivel alto.
La maestra en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la Unidad Azcapotzalco, Anahí Lanuza García, explicó que en 2016 las empresas refresqueras y purificadoras alcanzaron una producción de un valor de 32 mil 249 millones de pesos, en contraste con los beneficios netos obtenidos que fueron de 762 mil 514 millones de pesos.
“Es decir, por cada metro cúbico extraído logran ganancias de mil ocho pesos con 21 centavos, lo que equivale a un peso por litro. Es claro que resulta extraordinariamente redituable a las 16 empresas extraer el vital líquido de dichas zonas”, manifestó.
Abundó que, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, el costo de la extracción de agua es de 19.82 pesos por metro cúbico, lo que considera “muy poco” en comparación con la recaudación, sin contar con que la Comisión Nacional del Agua no ha revisado qué tanto recurso se ha sustraído ni quién lo hizo.
En ese sentido, la investigadora dijo que todas aquellas personas físicas o morales que tengan una concesión para explotar agua del subsuelo con fines industriales, se les debe aplicar una tarifa adicional al pago debido a que sustraen cantidades grandes de agua, “sólo así las corporaciones de bebidas no alcohólicas que estén causando daño significativo al ecosistema natural están obligadas a dar una indemnización”.
Dijo que debe haber una investigación exhaustiva del otorgamiento de concesiones, los volúmenes y los usos, “porque en el centro del país existe el fluido para ese sector, pero no para la población. Ante tal circunstancia desfavorable para la gente y la sustentabilidad del propio bien hídrico, resulta recomendable una revisión de las adjudicaciones conferidas hace más de 20 años”.
