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Celene Hernández Mujica
fue asesinada el 19 de marzo de 2018, a plena luz del día, en una de las plazas comerciales más concurridas de la Ciudad de México. Frente a la mirada de varios testigos, la mujer agonizó a escasos metros de su agresor , quien después de consumar el ataque intentó suicidarse, sin éxito, dejando una nota que decía: “Por puta te pasó esto”.
A pesar de las evidencias que existen para comprobar la presunta responsabilidad de Oscar Alejandro, expareja de Celene y padre de su hijo, la joven de 28 años no ha obtenido justicia y las autoridades han violado los derechos humanos de las víctimas indirectas del caso al no otorgar ni a la madre de Celene ni al menor de cuatro años, los apoyos económicos, ni psicológicos que necesitan.
Las omisiones en las que ha incurrido la Procuraduría son varias, tantas que a un año y medio del asesinato de la joven, el proceso judicial se ha retraído , es decir, tuvo que empezar de cero como respuesta al amparo interpuesto por el defensor de la víctima, Adrián Polanco.
Desde un inicio, quedaron fuera de la carpeta de investigación datos cruciales para esclarecer el caso.
Primero, la dirección correcta del lugar; segundo, la relación de concubinato entre Celene y Oscar (elemento que agrava el delito); tercero, la existencia de la carta suicida donde el presunto feminicida se autoinculpa; y cuarto, el más grave, ni Luz María Mujica, madre de Celene, ni el menor fueron acreditados como víctimas colaterales, lo que significa que durante uno de los procesos judiciales más desgastantes, ninguno de los dos ha recibido apoyo psicológico, ni económico.
“El Gobierno tiene la obligación subsidiaria de reparar el daño a través de apoyos económicos dirigidos a grupos vulnerables como es el caso de esta mujer de la tercera edad y del niño. Ambos merecen la indemnización anticipada contemplada por la ley, que no fue solicitada por el Ministerio Público en su momento”, comenta Adrián Polanco, quien explica que no integrar bien la carpeta de investigación puede dar como resultado la libertad del agresor, pero que en este caso, esa no es la única violación a los derechos humanos de las víctimas.
RESPETO A DERECHOS
La defensa ha solicitado al Poder Judicial que se realicen peritajes para determinar el monto económico necesario para la atención de la abuela y del menor, pero “cuando se solicitan al juez de control, contesta que no porque la señora tiene abogado particular y debe pagar entonces sus propios peritajes, cuando yo por hacer mi trabajo no le estoy cobrando ni un peso”, explica Polanco.
Para él, la serie de irregularidades de la Procuraduría se suma al carácter discriminatorio del juez y la carencia de perspectiva de género en el caso.
Explica que, por un lado, obligan a las víctimas a recibir apoyo de una defensoría privada por las omisiones que cometen, pero cuando se solicitan peritajes, se les niega el derecho diciendo que son ellas quienes deben absorber los gastos que el Estado debería proveer.
El 25 de junio de este año se llevó a cabo una audiencia por el amparo interpuesto por la defensa para tratar la resolución del Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito que dice que esta acción es “violatoria a los derechos humanos en cuanto a la obligación del Estado de reparar el daño por tratarse de grupos vulnerables”.
Ordenó que el proceso judicial regrese a la primera etapa, la de investigación, “pero lo más grave es que una vez cumplidos los dos años de prisión, si no han dictado sentencia, el presunto agresor saldrá libre.
Aun así, la Procuraduría sigue sin hacer nada”, comenta el abogado, evidenciando lo que él considera una violencia estructural y generalizada hacia la mujer.
