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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
Las consultas a indígenas y personas con discapacidad tambalearon la validez de la Constitución de la Ciudad de México. Durante la sesión de ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvieron un acalorado debate sobre si la Asamblea Constituyente que creó la Carta Magna capitalina cumplió con la obligación de realizar consultas públicas a estos grupos para promulgar dicho texto.
Para determinar si existía o no la posibilidad de invalidar por completo la Constitución capitalina, los ministros emitieron una intención del voto en la que debieron indicar si consideraban o no que existió una violación al proceso legislativo al no consultar adecuadamente a indígenas y personas con discapacidad.
Por unanimidad, los ministros consideraron que las comunidades indígenas estuvieron representadas en las consultas realizadas para promulgar la Constitución; en cambio, una mayoría de apenas seis consideró que las personas con discapacidad fueron debidamente consultados.
Entre los ministros que consideraron que no era necesario invalidar por completo la Carta Magna de la CDMX estuvo el presidente del Máximo Tribunal, Luis María Aguilar, quien indicó que los derechos reconocidos a estos grupos no implican ninguna restricción que violente alguna de sus garantías constitucionales.
“Considero que es suficiente y no puede llegarse al extremo de invalidar la norma completa (...) Lo que hace la Constitución de la Ciudad de México es reconocer una serie de derechos en favor de todas estas personas, incluyendo a estos grupos; de tal manera que esto es suficientemente válido para mantener su vigencia en su caso”, argumentó.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se refirió específicamente a la consulta de grupos indígenas: “Una violación de este tipo no trae como consecuencia la invalidez sólo de los preceptos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas o con personas con discapacidad, sino todo el ordenamiento legislativo.
“Coincido con el proyecto por lo que hace a que se cumplió con la consulta indígena, aunque por razones distintas a las que están en éste; sin embargo, no se cumplió con la consulta a la que está obligado el Estado mexicano en materia de personas con discapacidad”, agregó.
En cambio, el ministro José Ramón Cossío se pronunció por considerar que no se cumplió con la obligación de realizar la consulta.
“Si el vicio es grande, cae el ordenamiento completo, pero creo que aquí la pregunta es: ¿Estaba obligada la Asamblea Constituyente a consultarle a las asociaciones de personas con discapacidad la totalidad del ordenamiento o no? Este es el problema, una cosa es la consulta y otra el efecto jurídico que la falta de consulta puede llegar a tener”, cuestionó.
Durante la discusión, el ministro Javier Laynez Potisek, quien realizó el proyecto, reconoció que el asunto es inédito por la trascendencia que tendrá lo que la Corte resuelva para la vida de los capitalinos.
“Se nos plantea un gran número de interrogantes constitucionales respecto de muchos temas que no sólo inciden en los aspectos de la vida política y social de los habitantes de esta Ciudad, sino que van a implicar pronunciamientos jurisprudenciales de gran relevancia para la generalidad del sistema jurídico. Se trata de un asunto inédito”, afirmó.
Hoy, los ministros continuarán con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena, Nueva Alianza y la Procuraduría General de la República contra la Constitución de la CDMX.
