Al terminar el tercer semestre, Orlando le dio una actividad en específico: conseguirle una reservación en un hotel para un evento al que ambos asistirían en Europa. La petición se tornó perturbadora. “Ahí nos quedamos, ¿no?”, fue la frase que Karen escuchó. Ella se negó, pero él insistió, esta vez de forma más contundente: “¿Qué tiene de malo? Si quieres, tú puedes estar abajo o yo, como quieras; podemos estar así en la cama durante siete días”, recuerda la joven. Se paralizó, mientras él se burlaba de verla tan sorprendida.
Días después vino una nueva amenaza: “Como no hiciste lo que te pedí, algo grave va a pasar con tu evaluación”; esto le dio el valor a Karen para reportarlo con su coordinadora.
Pero la mayor sorpresa fue al darse cuenta que las autoridades escolares ignoraron su denuncia. Su caso fue uno de los 41 que ocurrieron durante 2015 en la institución.
EL UNIVERSAL analizó 581 quejas por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual que ocurrieron dentro de cinco de las universidades públicas de mayor matrícula de la Ciudad: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); todas registraron algunos casos, en mayor o menor medida.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Chapingo no entregaron la información, esto a pesar de un recurso de revisión que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó a favor de esta casa editorial.
En seis de cada 10 reportes, es decir 352, las agresión proviene de un integrante de la institución educativa, principalmente de los profesores. De los más de 300 registros, ellos encabezan la lista con 222 quejas en ese periodo.
El 57% de las denuncias contra académicos fueron por hostigamiento sexual. En total se cuenta con 126 quejas por estas conductas. A pesar de que desde 2014 se observa un incremento en los reportes generales, fue apenas hace tres años que tres de estas universidades crearon sus propios protocolos para contrarrestar estas agresiones.
En 2016, la UNAM, el CIDE y el IPN publicaron su normativa. Esto quiere decir que ambas cuentan con “un documento que contiene una serie de normas, estrategias y procedimientos aceptadas y aprobadas que indican los pasos a seguir y entidades a cargo de recibir, encauzar, investigar y sancionar o absolver acusaciones sobre conductas que conforman acoso o abuso sexual”, de acuerdo con una investigación publicada por Distintas Latitudes y la Red LATAM de Jóvenes Periodistas.
Preguntas incómodas
Desde que Karen comenzó a trabajar con Orlando, aguantó comentarios que parecían insinuaciones: “Yo cumplo con darte mobiliario de la UNAM, ¿tú qué das a cambio?”, le preguntaba. La alumna contestaba: “Doy trabajo”. Aunque sentía que sus palabras llevaban un trasfondo, una parte de ella se negaba a creerlo. “Una lo que menos hace es pensar mal de los maestros”, asegura.
Cuando Orlando la amenazó, Karen buscó la ayuda de las autoridades escolares. Nadie hizo caso. La Universidad no hizo algo al respecto. Su caso llegó un año antes de la creación del Protocolo para Atender la Violencia Sexual en 2016; y en 2017, las quejas llegaron a borbotones.
De 2012 a 2016, las denuncias en la máxima casa de estudios de México por abuso, acoso, hostigamiento sexual y violación sumaban 192 registros. El año con más quejas fue 2014: 79 alumnas presentaron alguna queja. Pero sólo entre 2017 y 2018 esta cifra llegó hasta las 325 acusaciones, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.
En el caso del IPN se tiene un registro de 45 quejas de 2012 a noviembre de 2018. La UACM, la UPN y el CIDE suman los 19 casos restantes en el mismo periodo. En todos, el delito que prevalece es el acoso sexual.
Se disparan casos
Este ilícito fue uno de los que se disparó en la UNAM. De 2012 a 2016 se tenían 36 quejas y en 2017 y 2018 se reportaron 107, casi se triplicó. Este aumento llegó con la publicación del protocolo, pues ahora hay instancias para atender las quejas y brindar apoyo sicológico y jurídico, dice Alba Luz Robles Mendoza, investigadora de violencia de género en estudiantes universitarios.
Pero uno de los problemas a los que se enfrentan la comunidad universitaria es que tanto el Tribunal Universitario como la Comisión de Ética juzgan sin perspectiva de género; además de que los directores de las facultades no imparten justicia en los casos que se presentan, asegura Magali Barreto Ávila, exasesora del Instituto Nacional de las Mujeres.
Estas paredes fueron las mismas que bloquearon la queja de Karen. Después de darse cuenta de que su coordinadora sólo archivaría su denuncia, envió una carta al Comité Académico pidiendo un cambio de tutor. Ahí vino el siguiente freno, pues la misma funcionaria ahora la increpaba: “¿Usted metió esa carta? Retráctese. Diga que está mal, que está nerviosa”, narra la exalumna. Por presión, Karen decidió callar.
Cuando llegó el momento de su evaluación semestral, Orlando cumplió su amenaza: “Yo creo que desde el primer semestre tú estás mal, así que te voy a evaluar los tres semestres anteriores”, le dijo a Karen, quien había acreditado con buenas notas. Orlando la volvió a calificar y todas fueron notas reprobatorias. Karen acudió a una tercera instancia: la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (Unad) de la UNAM, pero tampoco obtuvo apoyo.
Semanas después la expulsaron del doctorado. Ahora tiene una deuda con el Conacyt por dejar inconcluso el posgrado de excelencia que cursaba y por el cual tenía una beca.
Una exconsejera de esa institución, quien pidió omitir su nombre, acompañó a varias denunciantes de agresiones sexuales y fue testigo de que uno de los grandes problemas que tenía el protocolo de 2016 es que si los hechos tenían más de un año de antigüedad, el caso no procedía y sólo quedaba un antecedente.
En la nueva versión del documento para 2019 se logró eliminar esta prescripción, pero uno de los requisitos para que la queja sea válida es que la persona involucrada sea parte de la casa de estudios. También se consiguió que las medidas urgentes de protección se otorguen antes de la presentación de la queja o durante la investigación.
Cientos de universitarios tuvieron que esperar a la creación de estos protocolos o la explosión de movimientos como el #Metoo para poder denunciar sus casos. “El hecho de que las víctimas tengan mayor grado de estudios no garantiza que tengan las herramientas para defenderse de algún tipo de violencia sexual”, asegura Robles.
*Los nombres se modificaron por seguridad de la víctima.
