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david.fuentes@eluniversal.com.mx
Ante el incremento en la incidencia delictiva así como en los homicidios dolosos con armas de fuego y de los robos en todas sus modalidades, el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio, se sumó a la petición del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para endurecer el castigo por portación de armas.
El abogado de la ciudad pidió que cualquier persona que sea detenida por portar un arma de fuego, sin tener permiso o que no pueda comprobar su procedencia, le sea dictada prisión preventiva oficiosa; a fin de prevenir actos delictivos y demás conductas violentas, como los asesinatos.
Según investigaciones de la procuraduría capitalina, 80% de los homicidios dolosos tienen como móvil las riñas o diferencias personales entre el agresor y la víctima.
“El tema de endurecer la sanción de la portación de armas de fuego, es muy importante, ya lo ha destacado el propio jefe de Gobierno y ha tolerado esa propuesta, incluso llevó el tema a la Conago y de ahí lo llevaron ante el Congreso. Actualmente la pena de portación de arma no amerita prisión preventiva, creemos que es importante.
“De acuerdo con lo que hemos visualizado y lo que aconteció en el tema de la violencia tanto a la Ciudad de México como en otras entidades, que ese endurecimiento, de la sanción por la portación implique prisión preventiva oficiosa. Es un elemento de prevención para otras conductas delictivas, por eso estamos también a favor de que se apruebe con esa legislación”, comentó Edmundo Garrido.
Destacó el trabajo que hace el gobierno local con la campaña de desarme ha tenido éxito; el año pasado más de 17 mil armas se retiraron de las calles, los propios capitalinos las entregaron a las autoridades de manera voluntaria a cambio de una despensas, tabletas electrónicas y hasta dinero en efectivo.
El procurador dijo que en este programa participan todas las dependencias de seguridad que se concentran en la capital del país. Además se crea una base de datos, se busca su procedencia, cómo ingreso a la ciudad, incluso se rastrea para determinar si fue utilizada en un hecho violento.
“De parte de nosotros se está brindado el apoyo balístico para que personal especializado de la procuraduría revise las armas que son entregadas en este intercambio y se pueda determinar que están desabastecidas, que aún son útiles y de qué tipo son. Con esto se realiza una base de datos para tener el registro de las armas que se reciben.
“Después hacemos cruces con esta información para determinar si alguna de ellas participó en algún evento delictivo, es un trabajo interinstitucional donde participa también la Sedena, dependencia que después se encarga de la destrucción total de estas armas”, abundó.
Las autoridades capitalinas esperan la aprobación de la propuesta que se hizo en el Congreso de la Unión y en base a eso trabajar de manera coordinada con las autoridades federales; de ser así se revisarán todas las armas de los guardaespaldas, quienes prestan sus servicios de manera independiente, incluso de las corporaciones policiacas, el objetivo es que sólo circulen armas legales y plenamente registradas en el país.
