Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
Juan Mario “N”, Director Responsable de Obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, no sólo avaló la seguridad del inmueble en 2014, sino que presentó información alterada a la delegación Tlalpan para continuar con la construcción del departamento de la dueña del lugar, Mónica García Villegas.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad, el DRO estaba encargado de realizar las modificaciones al edificio para adicionar un tercer y cuarto nivel e incurrió en omisiones que pudieron provocar la muerte de 26 personas, 19 niños y siete adultos, durante el derrumbe del colegio el 19 de septiembre de 2017.
En 2013, luego de una inspección, la delegación ordenó la clausura de la obra realizada en el Rébsamen porque detectó que fueron realizadas actividades de demolición que afectaban la estructura del inmueble.
La demarcación requirió al DRO que verificara la seguridad del colegio, por lo que Juan Mario “N” presentó un avalúo alterado y firmó documentos en los que acreditó que el edificio era estable y aguantaría sismos.
Mediante correo electrónico, el DRO le informó a Miss Mónica, a través de la contadora del colegio, Luz María López Jiménez, quien también es testigo en el caso, que debía pagar una multa por 40 mil pesos, pero que mediante un avalúo con un costo de 10 mil pesos, era posible lograr disminuir el monto de la sanción a 2 mil pesos.
Una vez que el DRO obtuvo la autorización de Miss Mónica, entregó un documento en el que se afirmó que las obras realizadas no implicaban cambios estructurales, sino que eran obras mínimas de mantenimiento tales como pintura, resanamiento de muros, entre otros.
La delegación le requirió una constancia de seguridad estructural mediante la realización de pruebas de carga para verificar si el inmueble era realmente seguro.
El imputado afirmó haber realizado dichas pruebas y en julio de 2014 emitió la constancia requerida por la delegación, sin embargo, se le solicitó que expidiera el visto bueno en seguridad estructural, lo que ocurrió en septiembre de ese año.
En los correos electrónicos del imputado, que la PGJ agregó a la carpeta de investigación, está el de la cotización de la construcción del departamento de García Villegas en el tercer y cuarto nivel del Rébsamen.
Según ese documento, las modificaciones solicitadas por la dueña del colegio para habilitar dos niveles como casa-habitación costarían 213 mil 517.52 pesos.
Implicaban la habilitación de una sala de estudio, sala de televisión, sala de triques, bar, cocina, área para despensa, una fuente de concreto, baño para visitas, recámara y baño con jacuzzi.
La madrugada del viernes, Juan Mario “N” fue vinculado a proceso por el homicidio por comisión por omisión y dolo eventual de 26 personas, 19 niños y siete adultos, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, cuando el inmueble cuya seguridad avaló en 2014, se derrumbó.
Aunque su defensa argumentó que los documentos que firmó en 2014 perdieron vigencia luego del sismo magnitud 8.1 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, la fiscalía local explicó que de acuerdo con la normatividad, ninguna autoridad administrativa requirió renovar dicha documentación.
En consecuencia, la constancia y el visto bueno en materia de seguridad estructural constituyen una responsiva para el DRO y continuaban vigentes al momento del sismo del 19 de septiembre.
El juez Joel de Jesús Garduño Venegas ordenó su traslado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, pues el director de la Torre Médica de Tepepan, lugar en el que permanecía hospitalizado, afirmó que no era posible mantenerlo ahí durante todo el tiempo que dure su proceso.
El juzgador concedió a las partes tres meses de investigación complementaria, por lo que el 29 de octubre próximo deberán solicitar nueva fecha de audiencia para decidir si continuarán con el juicio o buscarán una solución alterna.
