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En un hecho sin precedentes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) logró vincular a proceso penal al Director Responsable de Obra (DRO) y al representante del dueño del edificio ubicado en Baja California 370 , colonia Hipódromo, cuya obra excedió 23 metros la altura permitida , lo que equivale a siete niveles de más.
Destacó el organismo que de las más de 500 denuncias penales que ha presentado desde 2002, éste es el primer caso que logra llevar ante un juez penal, gracias a la estrecha coordinación que ahora existe con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur), dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.
Recordó que el 25 de julio de 2017, la PAOT presentó la denuncia penal ante la Fedapur, por violación a diversas disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano de ese inmueble.
Sin embargo, dicha denuncia no había procedido hasta mediados del pasado mes de junio, cuando el Ministerio Público determinó judicializar el asunto y vincular a proceso a los imputados, uno en calidad de Director Responsable de Obra (DRO) y el otro como representante de la persona moral propietaria del inmueble.
Adicionalmente, el organismo hizo una ampliación a la denuncia penal originalmente presentada, con el fin de que se persiga no solamente la probable responsabilidad penal del DRO o del propietario, que implicaría una pena privativa de la libertad, sino que, además, persigan la responsabilidad penal de la empresa que representaría una sanción económica a la tasada en “días multa”; es decir, basada en el ingreso diario de la empresa.
De igual forma, recordó la PAOT, desde el 10 de abril de 2017 emitió una resolución administrativa, en la que dejó constancia de que la obra rebasó por 23 metros la altura permitida hasta alcanzar el equivalente a 15 niveles (7 pisos excedentes), por lo que solicitó la custodia de folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para evitar cualquier transacción comercial del inmueble.
A la par de las acciones de otras autoridades, como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que clausuró la obra y multó al desarrollador, la PAOT inició desde junio de 2017 un juicio de acción pública que luego de prolongado proceso, en abril pasado el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) notificó la sentencia firme, con el que se ordena proceder con la demolición de los siete pisos excedentes que fueron construidos de manera ilegal.
“El caso de Baja California 370 puede sentar un precedente muy importante, para que las irregularidades cometidas por parte de algunos desarrolladores, observen las consecuencias jurídicas que contempla la ley y, entonces sí, combatir la notoria impunidad en la que se había incurrido”, señaló Mariana Boy Tamborrell, titular de la PAOT.
Por ello, la funcionaria reconoció el apoyo de la Fedapur para llevar este caso ante un juez penal, por lo que reiteró su llamado a los desarrolladores a respetar y apegarse estrictamente a la normatividad en materia de desarrollo urbano, “pues en caso contrario, la PAOT continuará promoviendo acciones públicas, denuncias penales y herramientas jurídicas a su alcance, con el fin de que exista un adecuado ordenamiento urbano en la ciudad, que respete los derechos de todos”, advirtió.
Cabe destacar que el edificio de Baja California 370 , es aledaño a la vivienda donde fue asesinada la líder vecinal, Cristina Vázquez , además de que, según las primeras indagatorias, fue utilizado por el o los presuntos responsables para entrar al departamento de la víctima.
lr.
