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Para impugnar las leyes capitalinas que transgredan la Constitución de la Ciudad de México , el jefe de Gobierno, las autoridades y los ciudadanos, se deberán reunir 5 mil firmas.
Así lo avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión del Pleno en la que concluyó el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Constitución de la Ciudad de México.
Las impugnaciones avaladas por los ministros deberán promoverse mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional que tendrá el Tribunal Superior de Justicia capitalino y sólo procederán contra normas locales promulgadas por el Congreso de la Ciudad de México.
Los ministros también avalaron que los capitalinos cuenten con un juicio de tutela de derechos humanos (similar al amparo) para defenderse contra la Constitución de la Ciudad de México y las leyes locales que consideren violatorias de sus garantías.
Asimismo, declararon constitucional la facultad de los jueces locales para dejar de aplicar leyes capitalinas que consideren que son contrarias a la Carta Magna de la Ciudad de México.
En su demanda de acción de inconstitucionalidad la Procuraduría General de la República, cuestionó el modo en que el constituyente estableció los medios de control constitucional para los capitalinos.
“El sistema de control constitucional en la Ciudad de México, es contrario a la Constitución porque permite que jueces constitucionales locales contrasten normas o actos locales, no solo contra la Constitución capitalina, sino frente al parámetro de regularidad constitucional”, argumentó.
Dicho alegato fue desestimado por el Pleno de la Corte que, al mismo tiempo invalidó los artículos que facultaban a los jueces locales a dejar de aplicar las normas que resultaran contrarias a los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales.
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