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Más de 150 médicos legistas se rebelaron contra las disposiciones legales que los obliga a incorporarse a la recién creada Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, ya que denunciarón que perderán su autonomía y serán sometidos a presiones.
“Han hecho el intento de incorporarnos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero esto es un retroceso en materia de derechos humanos. Las personas deben saber que habrá pérdida de autonomía pericial y seremos sometidos a presiones del Ministerio Público para dar resultados que no son reales, justamente no queremos presión”, detalló, Manuel “N”, médico legista y quien pertenece a la base del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno capitalino.
Explicó que han solicitado a la Unidad Departamental de Medicina Legal, que depende de la Secretaría de Salud local (Sedesa), una solución, ya que presuntamente podría comprometer su trabajo en horario, prestaciones y funciones, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna.
Entrevistado por este diario vía telefónica, detalló que a los más de 150 médicos les han hecho firmar un documento en el que se deben anotar el número de empleado, nombre y firma, aceptando incorporarse a la Fiscalía General de Justicia. Aclaró que algunos lo han hecho, pero otros no.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México, se establece que esta dependencia deberá contar con médicos legistas, motivo por el que se inició el cambio de adscripción; sin embargo, fuentes de la dependencias mencionaron que hasta el momento no han iniciado trámite alguno.
“La ley dice que debe ser ‘con consentimiento’, pero a nosotros no nos explicaron el procedimiento o las razones, incluso no hubo consulta o los pormenores. Creo que debemos ser independientes del órgano que nos solicita el servicio, somos forenses y debemos dar cuenta a la Secretaría de Salud, a solicitud del Ministerio Público [de la fiscalía de la capital del país]”, acusó el médico.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General indica en su artículo 1, fracción III y IV transitorio indica que: “La fiscalía contará con médicos legistas en su plantilla de personal. El personal que actualmente funge con tal carácter podrá ser readscrito a la [dependencia], previo consentimiento, en los términos de la normatividad aplicable e intervención de la representación sindical, en su caso”.
Cabe recordar que la labor de los médicos legistas es emitir un certificado de cadáver, el cual consiste en un examen físico que permita describir los signos y lesiones antes de la muerte, a solicitud por escrito del Ministerio Público, en el anfiteatro de las 16 demarcaciones de la capital del país.
En un posicionamiento en conjunto, los médicos legistas explicaron que actualmente son libres de ejercer su profesión, sin presiones indebidas, lo que es de vital importancia para la documentación de situaciones de tortura y otras violaciones de derechos humanos, que en caso de perderse habrían consecuencias incalculables.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia aclaró que lo establecido en su norma orgánica será paulatinamente, pero dijo que dicha transición le compete a la Secretaría de Salud local; ésta, a su vez, reiteró que mantiene una mesa de diálogo con los médicos para acatar lo establecido en la ley.
