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El nuevo protocolo para las manifestaciones , debe exigir a la ciudadanía que el derecho para expresarse, “no significa salir con un martillo, desarmador u otra arma, para dañar el espacio público o la propiedad privada, mucho menos para agredir a la gente y a la policía”.
Así coincidieron los participantes a la mesa de trabajo: “El uso de la fuerza y la participación ciudadana en la policía”, organizado por la comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos, junto con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local.
Los participantes dejaron en claro la importancia de armonizar las leyes en materia de seguridad, así como reconciliar la ley con la operación policial, “porque hasta ahora van por caminos separados”, señalaron diputados local, funcionarios y especialistas en la materia.
“El uso no correcto de la fuerza pública por partes de los policías, es un tema que está presente en la agenda mundial, nacional y local”, afirmó Leticia Varela Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local.
A su vez, Bernardo Gómez del Campo, subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ), reconoció que existe un problema en la aplicación de la ley en el campo, en el trabajo día a día de la autoridad, “pues ahora hablar a un cadete sobre derechos humanos, parece que es de matemáticas”, comentó con ironía el funcionario.
Por ello, coincidieron en la urgencia de actualizar los protocolos, para que los policías no cometan abusos y respeten las manifestaciones, pero también para que la ciudadanía sepa que el derecho a la manifestación no significa que puedan salir de sus casas con un martillo, un desarmador o un arma para dañar el espacio público o la propiedad privada.
Varela Martínez reiteró que el indebido uso de la fuerza de los policías, se ha puesto de manifiesto en las redes sociales, a raíz de las muertes de George Floyd, en Estados Unidos, y Giovanni López, en Jalisco, así como la violencia física en contra de Melanie, en la Ciudad de México, donde, incluso, los policías ya están en el reclusorio.
A su vez, Gómez del Campo sostuvo que debe trabajarse en aras de reconciliar la ley con la operación cotidiana de la policía, porque ahora la ley va por un lado y la operación en otro.
Durante el evento, conducido por el titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local, Alberto Vanegas, el jefe policiaco comentó que la SSC está empeñada en que la práctica del respeto a los derechos humanos sea la guía durante los operativos los elementos policiacos.
Por ello, dijo Gómez del Campo, el próximo mes de agosto egresarán los primer 300 cadetes, con esa visión, “de que no tienen por qué pensar en cumplir con los derechos humanos, sino que ya lo traerán intrínseco a su formación; es decir, será su ADN en su formación”, enfatizó.
Sin embargo, reconoció sobre la necesidad de dignificar la labor y el respeto hacia la policía, para que tenga presencia física como sucede en otras naciones, “donde llegan los uniformados y la gente los respeta y aminoran los ánimos. Si hay buena presencia y un buen comando verbal, nos va a llevar a una buena actuación policial, reiteró.
Mientras tanto, el vicecoordinador de Morena en el Congreso local, José Luis Rodríguez, dijo que la Ciudad ha hecho esfuerzos significativos desde 2008 para intentar tener un mecanismo que regule el uso de la fuerza.
“Como órgano de gobierno, tiene la obligación constitucional de salvaguardar el derecho a la manifestación, pero también tiene la obligación de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, que no necesariamente están en la manifestación para la reivindicación de un derecho”, consideró.
Por ello, preguntó: “¿Cómo adecuar los protocolos que existen en la Ciudad de México? Pues a través de los mecanismos que permitan que el diálogo y la participación del Gobierno, así como la suma de voluntades de organismos autónomos y con la Comisión de Derechos Humanos. Podamos actualizar los protocolos que nos lleven a garantizar el ejercicio de los derechos, principalmente el derecho a la manifestación”, refirió.
De allí que para el diputado de Morena, es fundamental que revisar y actualizar los protocolos para que la policía respete las manifestaciones, pero que sus participantes sepan ese derecho no significa, bajo ninguna circunstancia, salir con un martillo, un desarmador o un arma, para dañar el espacio públicos o la propiedad privada.
En su oportunidad, el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, hizo un recuento que va desde el 2008 y hasta 2020 de las leyes, protocolos y manuales, que han sido impulsados en la Ciudad para regular el uso de la fuerza pública, sobre la base del respeto a los derechos humanos y la participación de la ciudadanía.
agv
