Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
Los delincuentes abusaron y se aprovecharon del nuevo sistema de justicia penal, que privilegia la reparación del daño y la mediación, para seguir cometiendo fechorías en la capital del país.
Por esto es que el Gobierno central planteó endurecer las penalidades de los denominados delitos de alto impacto a través de las reformas al Código Penal y con la expedición de la primera Ley de Seguridad Ciudadana, aseguró el consejero Jurídico capitalino, Héctor Villegas.
Sentado en la sala de su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó cada una de las nuevas medidas y disposiciones en el tema de las penalidades, que consisten, básicamente, en incrementar la denominada media aritmética, con la finalidad de que quien cometa un delito obtenga una penalidad mayor a los cinco años y con ello lleve el proceso penal, por lo menos, dentro de prisión.
En su plática con EL UNIVERSAL, reconoció que el actual sistema de justicia se convirtió en una “puerta giratoria” en la que cualquier persona podía cometer el número de delitos que quisiera y con el simple hecho de cambiarse de nombre, podía salir sin problema alguno a continuar “trabajando” en las calles.
¿Se abusó de la mediación y la presunción de inocencia?
—Yo creo que se abusó y se aprovechó por parte de los delincuentes y de la policía. Ya sabían de este mecanismo para que pudieran salir y lo aplicaban, pues de inmediato buscaban a los parientes, a los familiares del que estaba denunciando para llegar a un acuerdo. Le encontraron el modo para poder salir.
Menciona que estas medidas les vinieron muy bien [a los delincuentes] y ejemplifica: “Si de cada 10 celulares que robaba, tenía que devolver uno, pues estaba barato, porque incluso después de devolverlos podían regresar a ‘trabajar’”.
Hoy la apuesta del Gobierno de la Ciudad de México, además del endurecimiento de las penas, es contar con un sistema digitalizado en el que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas capitalinas, tengan la posibilidad de ingresar a un sistema de datos en el que conozcan el historial de quien delinque.
“Habrá un programa de la Agencia Digital de la CDMX que juntó toda la información, la sistematizó y la puso a disposición de las dependencias, en la que se podrá saber si una persona es reincidente y determinar que no tiene derecho a la libertad”, explicó el consejero jurídico.
Prevén que este sistema informático se replique en todas las agencias del Ministerio Público y que entre en operación en agosto, una vez que el Congreso de la Ciudad de México apruebe las reformas planteadas y se publiquen en el Gaceta Oficial de la capital.
“Mediación, seguirá”
Cuando se le preguntó si con estas medidas se terminó con el tema de la mediación, el consejero Jurídico se acomodó en su silla, ajustó su saco y se tomó su tiempo para responder que este mecanismo sigue en la ley, pero que se aplicará principalmente en el tema de la Justicia Cívica.
Explicó que la mediación continuará en temas de conflictos vecinales o menores, en los que realmente se puede llegar a un acuerdo, “pero cuando se trata de delincuentes que esa es su forma de vida, no se puede negociar”.
En torno a las negociaciones que tuvieron con las diversas bancadas que conforman el Congreso local para sacar sin sobresaltos las reformas planteadas, comentó que se platicó con los diputados de Morena y los presidentes de las comisiones encargadas del tema, que son las de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, para dictaminarlas y aprobarlas en el pleno sin mayores cambios a los planteado por el Gobierno central.
No descartó que alguno de los diputados caiga en la tentación de hacer ajustes o modificaciones al texto original para incluir algunos temas. “Nosotros estamos abiertos a platicar y conversar con ellos, incluso ya hubo algunos planteamientos de algunos diputados de que en esta reforma penal también se castigue al agente del Ministerio Público por estar coludido con el delincuente”.
Dijo que espera que a mediados de agosto las nuevas disposiciones legislativas entren en funciones y con ellas bajen los índices delictivos que en las últimas semanas se dispararon y encendieron las luces ámbar en la administración central.
