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La titular de la Procuraduría Social (Prosoc), Patricia Ruiz Anchondo , adelantó que habrá una auditoría al programa de mejoramiento de unidades habitacionales debido a que a su llegada a la dependencia encontró múltiples irregularidades , como presunto uso clientelar de los apoyos y posibles desvíos de recursos públicos una vez que se entregaba el dinero a los beneficiarios.
En conferencia, la ex diputada constituyente anunció informó que en este año se gastarán 240 millones de pesos para atender 80 mil viviendas con mantenimiento , a través de este programa, el cual tuvo cambios en sus reglas para atender 38 mil 019 mil viviendas de damnificados del sismo de 1985, que no habían sido remozadas, entre otras modificaciones.
Sin embargo, Ruiz Anchondo mencionó que entre los candados del nuevo Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales están que los solicitantes no hayan sido beneficiadas por tres años consecutivos.
"No haber sido beneficiada por 3 ejercicios consecutivos anteriores porque –lo tenemos que decir– este programa se destinaban sus recursos con fines políticos y clientelares, por un partido que estuvo en el gobierno, anteriormente a nosotros", señaló la titular de la Prosoc.
Añadió que otro requisito es que las unidades que soliciten el apoyo es que "no estén sancionadas por incumplimiento de la Procuraduría Social; que no tengamos casos en la Contraloría, por desvíos de recursos, porque tenemos algunos casos. De hecho, vamos a mandar a auditar el programa, porque sí hay bastantes irregularidades".
A su vez la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que “se encontraron adeudos, compromisos que se hicieron con unidades habitacionales y nunca se les entregó el recurso. Todos estos casos se les está pidiendo a la contraloría general que hagan auditorías. Justamente porque hay que hacerlas, sino porque muchas de ellas ya serían responsabilidades de los actuales servidores."
Patricia Ruiz Anchondo mencionó que a ciertos conjuntos habitacionales se les ampliaba el presupuesto en diversas ocasiones o incluso los habitantes recibían pedían el apoyo por separado y recibían 900 pesos por casa, en lugar que se hicieran obras de manera integral por unidad.
Mencionó que en 2016 hubo tres titulares de la Prosoc y eso generó inestabilidad y atrasos en la atención. Aunque se preguntó si las indagatorias incluirían al ex procurador social Alfredo Hernández Raigosa , quien renunció en 2015 y ahora es funcionario de la secretaría de Movilidad, la procuradora social no hizo alusión a ese caso en específico.
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