La copia de una credencial de elector apócrifa fue suficiente para que una banda delictiva que desde el año pasado se dedica al despojo de predios , se apoderara de un edificio, con valor de siete millones de pesos, en la alcaldía Gustavo A. Madero .
Hasta ahora, la verdadera propietaria del terreno está envuelta en una batalla legal contra los responsables de la invasión.
En un principio le hicieron creer a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) que ella era la invasora; sin embargo, conforme la investigación avanzó, detectaron que la banda la encabeza un supuesto médico cirujano en complicidad con un notario en el Estado de México.
Señalan que juntos formaron la empresa Inversiones Reales con Valor de México SAPI de C.V , a la que PGJ-CDMX identifica como la principal invasora de predios en la capital.
Las indagatorias se extendieron hacia personal del Tribunal Superior de Justicia Local, la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) pues esa empresa falsifica toda la documentación necesaria para hacer creer a quienes intentan despojar de sus predios, que tienen una demanda; se estima también que cuentan con una imprenta donde hacen toda la documentación que requieren para orquestar el fraude.
Según la investigación del caso, la legítima dueña de la propiedad se enteró del despojo cuando se le emplazó como imputada de fraude, por una denuncia interpuesta por los falsos compradores de su propio edificio, quienes con documentación apócrifa -aún a la fecha- pretenden quedarse con el inmueble.
Con expediente en mano, los litigantes contaron a la Procuraduría Capitalina que el caso “se fraguó” en 2018 y no fue hasta casi medio año después que la verdadera propietaria se enteró del problema legal.
La investigación implica a diversas personas, entre ellas el supuesto médico cirujano, identificado como Eduardo Ayuso Rodríguez, quien es señalado en por lo menos cuatro expedientes de despojo con el mismo modus operandi.
Consta en la carpeta de investigación que el médico cirujano interpuso la denuncia penal CI-FDF/T/U-1/D0081/01-2019 y la demanda civil 1263/2018 contra Santana Montufar, la legítima dueña del mueble en disputa. Ante el Ministerio Público, el médico narró que se enteró que el predio estaba en venta luego de que una de sus pacientes, de nombre Estefany Díaz Serrato, se lo ofreció.
Sin embargo, los agentes en su investigación, descubrieron que Díaz Serrato contactó a Ayuso Rodríguez en complicidad con Mario Alberto Juárez Herrera, representante legal de Inversiones Reales con Valor de México SAPI de CV, para el fraude, pues falsificaron la documentación y de esa manera compraron la propiedad en 4.5 millones de pesos.
Así, de manera ilegal, el 13 de febrero de 2018 se concretó la compra-venta ante Álvaro Muñoz Arcos, notario público 89 del Estado de México, quien ya no podrá testificar en este caso porque falleció en febrero pasado. En este fraude, según reveló la investigación, estuvo una mujer que se hizo pasar por Rosmeri Santana Montufar, quien acreditó su identidad con una credencial del INE, que ahora se sabe es falsa.
También llegó Carlos Pineda, quien mostró el poder 37517 firmado ante el mismo notario Muñoz Arcos y en el que se le acreditó, junto con Micaela Dávila, como representante para actos de dominio y cobranzas de Rosmeri; sin embargo, los documentos, así como la identidad de la legítima propietaria, resultaron apócrifos.
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