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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
La administración del Gobierno de la Ciudad de México aplicó extinción de dominio a 12 inmuebles involucrados en delitos como robo de vehículo y narcomenudeo.
José Ramón Amieva Gálvez, jefe de Gobierno capitalino, destacó que los sitios incautados deberán ser destinados a proyectos sociales, aunque ello corresponderá llevarlo a cabo al gobierno entrante, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
“Son 12 inmuebles que el día de hoy la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, los va a convertir en una bolsa inmobiliaria social, para que cuando llegue la próxima administración de la Ciudad de México, cuando llegue la doctora Claudia Sheinbaum, pueda disponer de estos inmuebles y asignarlos a los fines sociales que se tengan previstos”, indicó.
El mandatario capitalino detalló que 10 de los inmuebles están relacionados con el robo de vehículos y dos con narcomenudeo.
En las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan se ubican dos predios en cada una; mientras que en Gustavo A. Madero e Iztapalapa hay tres, respectivamente.
Trabajo de referencia nacional. “Es importante decir que no existe precedente alguno en el país, hablo de las instancias de las entidades como de la Federación, en donde la figura de extinción de dominio sea aplicada y sea aplicada con éxito como en la Ciudad de México.
“No lo digo como un tema de presunción, lo digo como un tema de ánimo para que las demás entidades, para que la misma Federación volteé hacia la experiencia, hacia los hombres y mujeres que desde Policía de Investigación, hacia las fiscalías, la Fiscalía Especial, hacia las juezas y jueces especiales del Tribunal Superior de Justicia volteen a ver ese trabajo y vean que sí es posible realizarlo”, destacó el mandatario capitalino.
El procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, indicó que en la capital de la República se cuenta desde 2011 con una Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, la cual ha sido un órgano eficiente para disuadir la comisión de delitos y la afectación de la estructura económica de las bandas delictivas.
Detalló que actualmente la procuraduría interviene en 132 juicios de extinción de dominio y prepara 196 casos más. A la fecha, el Gobierno ha obtenido 100 sentencias a su favor.
Garrido Osorio recordó que la extinción de dominio es una figura procesal, sustentada en el artículo 22 constitucional.
“La extinción de dominio consiste en la pérdida de la propiedad sobre los bienes, sin compensación alguna para los afectados, cuando se acredite un hecho delictivo y no logren demostrar la procedencia lícita del bien ni que estuvieron impedidos de conocer su uso indebido”, indicó el procurador de Justicia.
