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Exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y del Instituto de la Vivienda (Invi) son investigados por la Contraloría General por avalar sobreprecios para la reconstrucción de edificios dañados por el sismo de magnitud 7.1 que se registró el 19 de septiembre de 2017.
El actual secretario de la Contraloría capitalina, Juan José Serrano Mendoza, explicó que son 62 indagatorias que involucran a 23 empresas constructoras. Hasta el momento, la dependencia ha hallado presuntas irregularidades en dos casos, por lo que la investigación se concentra en determinar cuál es el porcentaje que elevaron los precios.
El funcionario abundó que la investigación no es sencilla, pues se trata de contratos a precio alzado y tiempo determinado.
En las dos indagatorias en particular también están involucradas dos empresas y administradores de edificios, quienes recibieron directamente los recursos públicos para la reconstrucción de sus inmuebles.
“Si me preguntas concretamente quién entregó el dinero, no sabría decirte, prefiero no dar esa información porque sigue la investigación. Sin embargo, sé que ellos [Seduvi e Invi] estaban involucrados.
“Fueron cantidades que se entregaron directamente a los administradores de los edificios”, explicó el contralor capitalino en entrevista con EL UNIVERSAL.
Estos resultados son preliminares y forman parte de las indagatorias que lleva a cabo el Gobierno central luego de que el grupo Damnificados Unidos denunciara falta de transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos e incluso acusaran sobreprecio en las adquisiciones de material y obras.
La auditoría se concentra en el presupuesto entregado por el gobierno anterior, que otorgó el dinero a los administradores para reconstruir o rehabilitar sus edificios sin llevar a cabo un proceso de fiscalización.
De acuerdo con el Contralor, los resultados completos de todas las indagatorias tardarán lo que resta del año, pues acudirá a todos los edificios que están siendo investigados.
Sin embargo, los resultados de los dos casos donde se han encontrado trabajos a sobreprecios, tardarán sólo este mes.
Sin entregar información
Serrano Mendoza reconoció que el avance de las indagatorias depende de la información que entreguen las empresas y hasta los propios administradores de edificios; en ese sentido, reveló que la empresa REM, que trabaja en la reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan, es la que se ha negado a entregar información.
“Tienen que rendir cuentas porque es recurso público, y no hay discusión alguna, ya sea al administrador, la empresa, pero deberán rendir cuentas sobre lo que han estado estableciendo, sobre lo que han construido, lo que han mantenido, y sus actividades que han desarrollado.
“Sé que estamos relativamente atrasados, pero dependemos de la información de los terceros. [Vamos a presionar], de entrada tiene que haber una rendición de cuentas, que quede claro”, explicó.
El funcionario dijo que las empresas tienen un plazo máximo de dos semanas para que todas las compañías entreguen los datos.
Para este año, el Gobierno de la Ciudad de México destinará 4 mil 500 millones de pesos para la reposición y reparación de viviendas multifamiliares y unifamiliares dañadas por el 19-S.
De acuerdo con el portal de la reconstrucción, se tienen registrados 11 mil 884 viviendas unifamiliares y 403 edificios multifamiliares, los cuales resultaron con diversas afectaciones a raíz del sismo de hace casi dos años.
