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Para acabar con suspicacias, el Congreso local solicitó a la Fiscal General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, y a José Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud federal, que las 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos robados en Iztapalapa y, luego, encontradas en Azcapotzalco, sean destruidas en su totalidad, para evitar su venta en el mercado negro.
Sin embargo, la promovente del punto de acuerdo, la diputada local del PAN, Margarita Saldaña Hernández , sugirió que la destrucción de esos medicamentos, “sea ante la presencia de los medios de comunicación, para transparentar el acto y dar certeza a la población de que no serán distribuidos o reutilizados”, afirmó.
Además, la también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local pidió que en esta acción, sean incluidas las 27 bolsas halladas en Azcapotzalco.
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“Toda persona, con cualquier enfermedad, merece medicamentos seguros, de calidad y confiables, como lo mandata la Constitución federal”, expresó la legisladora.
Relató que el pasado 10 de marzo, la Secretaría de Salud informó la compra de medicamentos oncológicos por 90 millones de pesos, adquiridos en Argentina, España, Francia, India y Estados Unidos.
Sin embargo, el 7 de octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el robo en Iztapalapa de los medicamentos oncológicos, mismos que el 16 de octubre fueron encontrados en Azcapotzalco, después de ser arrojados a la vía pública en calidad de basura y asegurados por la FGJ.
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Posteriormente, el 22 de octubre, el secretario de Salud federal reconoció ante el Senado que hay desabasto de seis tipos de medicamentos oncológicos.
Mientras el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que las 37 mil 956 piezas encontradas, no podrán ser utilizadas al no ser confiables para ser suministradas a los pacientes.
“Debemos recordar y garantizarle a los mexicanos que toda persona con cualquier enfermedad merece medicamentos seguros, de calidad y confiables, de conformidad con el Artículo IV Constitucional, que establece, además, la población tiene derecho a la protección de su salud”, señaló Saldaña Hernández.
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Esta proposición, fue consideraba por el Pleno del Congreso local como de urgente y obvia resolución, por lo que de inmediato fue aprobada, motivo por el que fue turnada para su atención a las autoridades correspondientes, que en este caso es la FGJ y la Secretaría de Salud federal .
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