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johana.robles@eluniversal.com.mx
El Contralor capitalino, Eduardo Rovelo, asegura que hay imparcialidad absoluta en la investigación de las quejas y denuncias que se han recibido y se interpondrán por el presunto uso electoral de programas sociales. Advierte que no le temblará la mano para imponer sanciones a servidores públicos si es que se acredita que desvían el recurso público.
En la Ciudad de México, los programas sociales del Gobierno capitalino y las delegaciones suman más de 20 mil millones de pesos para este 2018. Esto más los 726 millones de pesos de las acciones institucionales de las demarcaciones.
“Sin duda el mensaje es claro: que no hay parcialidad, hay absoluta imparcialidad en respeto a la institución y en cumplimiento irrestricto de la norma jurídica, sea del partido que sea”, responde el funcionario capitalino en entrevista con EL UNIVERSAL cuando se le plantea que hay competencia entre dos y tres fuerzas políticas por los espacios que están en juego el próximo 1 de julio.
Desde su oficina frente a la Plaza Tlaxcoaque, el Contralor General de la Ciudad de México afirma que ante la importancia del proceso electoral, pues no sólo está en juego la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino los primeros alcaldes —con sus concejales— y los diputados al primer Congreso de la capital del país , todos deben cuidar el proceso electoral de la Ciudad.
Por eso, expone Rovelo, aun cuando la Contraloría no es una autoridad competente en materia electoral, sí ha diseñado una estrategia, junto con la procuraduría capitalina y la FEPADE, así como otras instancias federales y locales, para atender las quejas ciudadanas y dar una respuesta más pronta para evitar la sensación de que los actos que se denuncian quedan impunes en una plataforma habilitada para tal fin. Aclara que no es que siempre haya sanciones, pero todas las quejas se atienden.
“Aquí hay absoluta imparcialidad y queremos evitar la impunidad, la cifra negra y el descrédito. Lo que quisiéramos es que la ciudadanía entendiera que estamos para servirle. Es una institución, no obstante, de no ser institución electoral, la Contraloría toma previsiones de conducción, medidas disuasivas y de prevención de que [los servidores] no caigan en tentación y no se les haga fácil violar la norma”, puntualiza.
Indagatorias. A la fecha, la Contraloría capitalina ha recibido 39 denuncias por el uso indebido de programas sociales con fin electoral, de las cuales ya radicó 33 expedientes.
Las instituciones denunciadas son el Sindicato de Bomberos, Instituto de Educación Media Superior, Instituto de Vivienda, Metrobús, las secretarías de Desarrollo Social y de Salud, así como las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco.
En este punto, Rovelo indica que todos los actores deben ser responsables del cuidado de las instituciones, por lo que llama a la no politización de las quejas y a entregar pruebas para seguir las indagatorias.
“Lo que nosotros necesitamos es evitar la politización de los temas, ¿no? Estamos para atender de manera ágil y directa la denuncia ciudadana, con los elementos que tenga, nosotros la perfeccionamos, acompañados el proceso junto con ellos. Pero que tengan nombre y apellido, que no sean anónimas, que hagan imputaciones directas, relacionen los hechos, y si tienen medios de prueba para robustecer el expediente, sería de mucha utilidad, porque si no, sólo se integra un número” y que los partidos políticos no vayan a tomarse sólo la foto.
Insiste en que la Contraloría carece de facultades en materia electoral, pero sí para cuidar la actuación de los funcionarios para ver que se cuide el recurso público y se destine para lo que originalmente fue presupuestado y que no se desvíe y si hay un acto irregular “conocerlo, investigarlo y si es el caso, sancionarlo”.
—¿No le va a temblar la mano?— se le cuestiona.
—Jamás— responde el contralor.
Rovelo está en la terna para ser el nuevo secretario de la Contraloría General capitalina, proceso detenido en la Asamblea Legislativa. Dice que esta situación no contaminará la vigilancia de los programas sociales.
