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johana.robles@eluniversal.com.mx
La Constitución de la Ciudad de México puede entrar en vigor —en todos sus apartados— el próximo 17 de septiembre, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva después de esa fecha las controversias constitucionales que están pendientes, dio a conocer el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina, Vicente Lopantzi García.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario capitalino afirmó que lo ideal sería que los ministros abordaran y resolvieran las controversias constitucionales —promovidas por la Presidencia de la República, el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de la República— antes de septiembre, pero insistió en que si ocurre después no habrá impacto jurídico.
“No tiene afectación de fondo si se resuelven [las controversias constitucionales] antes o después”, dijo.
Explicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera invalidar algún artículo de la primera Carta Magna de los capitalinos, sería el propio máximo tribunal del país el que establecería a partir de cuándo se daría esa invalidez y la forma en que el Congreso de la Ciudad de México lo resolvería.
Lopantzi sostuvo que están completamente listos para defender la Constitución de la Ciudad de México de las controversias constitucionales que impugnan lo referente a la Carta de Derechos y destaca la acción promovida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Este 5 de febrero se cumple un año de la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Del contenido de los 71 artículos, los que están vigentes son los referentes al tema electoral, cuyos principales cambios son que las delegaciones se convierten en alcaldías y habrá concejales en cada una.
El resto del contenido entrará en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, según establece el decreto que se publicó hace un año.
Entre las acciones constitucionales que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación está una de la PGR, que buscaba invalidar todo el documento, pues no se había, argumentó, consultado a los pueblos indígenas. Los ministros fallaron a favor de la Asamblea Constituyente y el Gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que sí se efectuó y por lo tanto quedó firme su validez.
Otras de las controversias constitucionales que están pendientes son las promovidas por la Presidencia de la República y el Senado, que aseguran que la Constitución de la Ciudad de México otorga más facultades a autoridades locales que invaden la esfera de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como en temas de regulación del uso medicinal de la marihuana y en materia de educación.
En el caso de la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta va contra la disposición de bajar el salario a los servidores públicos.
