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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer que detuvo y consignó a Miguel Ángel “N”, encargado de la Coordinación Territorial en Iztapalapa, por presuntos actos de corrupción; según la investigación, un abogado documentó que el funcionario capitalino le pidió dinero para que liberara a un imputado, aparentemente capturado sin prueba alguna.
Consta en el expediente del caso que el denunciante, un abogado que defendía a su propio hijo detenido, acusó a Miguel Ángel “N” de pedir 80 mil pesos, con el argumento de que “podía liberar al imputado sin problema alguno”, pues era el encargado de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, denominada Agencia Iztapalapa Ocho.
El denunciante también participó en el acto de corrupción, por lo que fue detenido.
En atención a la denuncia del afectado, agentes de la Policía de Investigación (PDI) advirtieron del posible intercambio de dinero entre el abogado y el encargado de la agencia para efectuar la liberación, por lo que, al estar frente a un hecho posiblemente delictivo, procedieron a la detención de ambos, todo ocurrió en las instalaciones de la fiscalía local, frente a varios testigos tanto empleados como ciudadanos que acudieron a ese lugar a esperar justicia.
Luego de darse a conocer el incidente, la FGJ reiteró su compromiso en el combate de la corrupción y la impunidad, por lo que, asegura, será implacable para buscar sanciones contra aquellas o aquellos servidores o exservidores públicos que hayan incurrido en cualquier conducta ilícita, pues apenas el fin de semana pasado también se dio a conocer que dos elementos de la PDI fueron detenidos en un cateo en Xochimilco: los oficiales aparentemente estaban al resguardo de droga decomisada.
El trabajo para combatir la corrupción al interior de la dependencia investigadora se frenó durante el año pasado a consecuencia de la pandemia. Al bajar el servicio al público, las quejas bajaron considerablemente.
En 2019, por ejemplo, fueron siete los funcionarios de la procuraduría local que fueron sometidos a investigaciones por señalamientos y denuncias de supuestos actos de corrupción.
Cuatro de éstas correspondieron a elementos de la Policía de Investigación (PDI) y tres más a personal de las coordinaciones territoriales. Luego del cierre de las indagatorias se determinó dar de baja a tres funcionarios.
Para 2020, no se reportaron investigaciones hacia los funcionarios de la fiscalía, pero durante este primer trimestre de 2021, ya van tres funcionarios castigados por supuestos actos de corrupción y por estar relacionados con la delincuencia organizada.
